Buenos Aires, 16 jul (EFE).- La presidenta argentina, Cristina Fernández, renovó hoy sus críticas a la Justicia, en medio de la polémica por el allanamiento este lunes a la inmobiliaria de su hijo, ordenado por un juez que investigaba un hotel propiedad de la mandataria y que hoy fue apartado del caso.
«Esto parece un programa de ciertos sectores del Poder Judicial, ‘Allanamiento para todos’, Hay como una suerte de ‘allanamiento para todos’. Estas cosas se tienen que terminar», dijo Fernández en un acto, transmitido por cadena nacional.
Fernández criticó el accionar del Poder Judicial al expresar su «solidaridad» con el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, cuya casa en Buenos Aires fue allanada hoy por la Justicia argentina.
La jefa de Estado se quejó de que hay personas que tienen «hace años» causas abiertas por delitos de lesa humanidad y por lavado de dinero a quienes «ni siquiera les han tomado una declaración informativa».
Fernández aseveró que «hay jueces que le tienen mucho miedo a los medios, específicamente a Clarín», el mayor grupo multimedia de Argentina y al que el Gobierno acusa de opositor.
«Hay muchos magistrados que tienen miedo porque a nadie le gusta salir escrachado en los diarios. Es feo vivir en un país donde los jueces deciden de acuerdo a los miedos que tienen de que los escrachen o que le digan algo en un diario o que los persigan», dijo.
La presidenta afirmó que «eso se debe terminar si realmente queremos vivir en una democracia».
«No tiene que haber una presión mediática sobre determinados sectores de la Justicia ni tampoco era necesario allanarle la casa a un periodista», sostuvo Fernández.
La mandataria ya había cuestionado el martes pasado, a través de la red social Twitter, la decisión del juez Claudio Bonadío de allanar una inmobiliaria del hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, en la capital de la sureña provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, mientras la jefa de Estado se encontraba en esa ciudad.
La sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires apartó hoy «por mayoría» a Bonadío de la causa Hotesur, firma gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, del cual Fernández es accionista.
El tribunal tomó esa decisión a partir de un pedido realizado por la defensa de Romina Mercado, presidenta y directora titular del directorio de Hotesur, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y sobrina de Cristina Fernández.
Bonadío investigaba supuestas anomalías administrativas en Hotesur a partir de una denuncia presentada por la legisladora opositora Margarita Stolbizer.
La diputada y también precandidata presidencial asegura que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (provincia de Santa Cruz, sur), podría ser un alojamiento «fantasma» usado en su momento por el matrimonio Kirchner para presuntamente hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez.
Los operativos ordenados el lunes por Bonadío en Río Gallegos desataron un escándalo político porque se ejecutaron a través de efectivos de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, gobernada por el opositor Mauricio Macri, quien competirá en las elecciones primarias de agosto con vistas a las presidenciales de octubre.