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Viviana García
Londres, 21 jul (EFE).- Hace mañana diez años, el joven brasileño Jean Charles de Menezes moría abatido a tiros por la policía al ser confundido con un terrorista suicida en el metro de Londres, pero su familia aún quiere que sus responsables rindan cuentas.
Durante estos diez años, la familia de Menezes ha llevado una intensa campaña para llevar ante la Justicia a los autores de la tragedia, que causó una gran conmoción y puso en entredicho la profesionalidad de la Policía Metropolitana de Londres (Met).
El joven electricista tenía 27 años cuando una mañana del 22 de julio de 2005 fue abatido a quemarropa por agentes de la Met en la estación de metro de Stockwell, en el sur de Londres.
Los agentes estaban bajo una fuerte presión pues buscaban a los responsables de los atentados fallidos del día anterior -el 21 de julio de 2005 (21-J)- contra la red de transporte de Londres y que pretendían ser un calco de los perpetrados dos semanas antes, el 7 de julio (7-J) contra tres trenes del metro y un autobús.
La casa de Menezes en el sur de Londres había sido vigilada toda la noche por agentes que sospechaban que uno de los autores de los atentados del 21-J vivía allí y, cuando el brasileño salió, como cada mañana, para ir al trabajo, fue seguido por la Policía.
Por su aspecto físico, moreno y de ojos oscuros, las fuerzas del orden lo relacionaron con un presunto terrorista suicida.
Menezes entró en la estación de Stockwell mientras era seguido por dos agentes armados y, al entrar en uno de los vagones, éstos le dispararon siete tiros en la cabeza y uno en el hombro.
Ante la atónita mirada de otros pasajeros, los agentes, pertenecientes a la unidad armada de elite CO19, estaban convencidos de que habían evitado una nueva masacre en Londres.
En medio de la confusión inicial, la Policía dijo, sin aportar datos concretos que le hicieran pensar que era un sospechoso terrorista, que el joven llevaba una cazadora abultada y que no se detuvo cuando los agentes le gritaron, algo que resultó ser falso, según las posteriores investigaciones sobre el caso.
En los ataques del 21-J no hubo ninguna víctima pues sólo estallaron los detonadores y no los explosivos, pero en los del 7-J murieron 56 personas, entre ellas los cuatro terroristas suicidas, que hicieron estallar las bombas que llevaban en sus mochilas.
Tras el caso Menezes, la Fiscalía decidió exculpar de responsabilidad criminal a los agentes involucrados.
La Policía Metropolitana fue multada con 175.000 libras (245.000 euros) por no cumplir con la Ley sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, una amplia legislación laboral que exige el cuidado de los empleados y de terceras personas que pudieran resultar afectadas en el ejercicio de un trabajo determinado.
En 2006, la comandante Cressida Dick, a cargo de la operación contra Menezes la mañana del 22 de julio de 2005, fue ascendida como auxiliar del subcomisario, algo que provocó una fuerte reacción de la familia, que calificó la promoción de «repugnante».
En 2009, Scotland Yard y los familiares de Menezes llegaron a un acuerdo que incluía el pago por parte de las fuerzas del orden de una indemnización de 100.000 libras (141.000 euros).
También la Policía había entregado un fondo para financiar la repatriación del cadáver a su lugar de nacimiento.
Pero la decisión de no procesar a ninguno de los policías ha llevado a la familia a elevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya Gran Sala atiende actualmente la demanda.
Esta demanda ha sido presentada por una prima de Menezes, Patricia Armani Da Silva, y se espera que la Gran Sala dé a conocer su fallo en los próximos meses.