Río de Janeiro, 22 dic (EFE).- El fabricante francés Alstom aceptó pagarle una indemnización de 60 millones de reales (unos 15 millones de dólares) al estado brasileño de Sao Paulo para librarse de un proceso judicial en que es acusado de pagar sobornos a cambio de contratos, informaron hoy fuentes oficiales.
Los abogados de Alstom negociaron el respectivo acuerdo con los fiscales que investigan los fraudes en una serie de contratos para la construcción de subestaciones de transmisión de energía de Eletropaulo, una empresa que pertenecía a la gobernación de Sao Paulo, informó el Ministerio Público.
El valor que la empresa francesa aceptó pagar como indemnización corresponde tanto al sobreprecio que recibió por los contratos con Eletropaulo, como a un 10 % adicional correspondiente a daños morales colectivos.
En caso de que el acuerdo sea suscrito por ambas partes, Alstom será retirada como reo del proceso en el también son acusadas otras empresas.
La firma del acuerdo y la consecuente homologación por parte de la justicia depende de la aprobación de la Procuraduría General del Estado de Sao Paulo.
El proceso judicial fue iniciado en 2008 y se refiere a los contratos para la construcción de tres estaciones de transmisión eléctrica firmados por Eletropaulo en 1990.
Las autoridades consiguieron recoger pruebas contra Alstom gracias a la colaboración de las autoridades de Francia y Suiza, que enviaron a Brasil documentos que demuestran que la empresa pagó sobornos para adjudicarse los contratos.
Las pruebas permitieron que la jueza responsable por el caso ordenara en febrero pasado el bloqueo de 282 millones de reales (unos 70,5 millones de dólares) en cuentas de diferentes acusados, entre los cuales las empresas Alstom y Cegelec y un magistrado del Tribunal de Cuentas del Estado de Sao Paulo acusado de haber recibido parte de los sobornos.
Alstom también es reo, junto con la alemana Siemens, en un proceso por formación de cartel abierto por la Fiscalía del estado de Sao Paulo contra empresas acusadas de distribuirse ilegalmente contratos para ofrecer y equipar las compañías paulistas de metro y trenes urbanos.
El Ministerio Público de Sao Paulo acusa a una decena de empresas de haber cometido irregularidades en licitaciones de 2007 para acceder a contratos de la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM), operadora dependiente del gobierno regional de Sao Paulo.
El supuesto cartel fue revelado en mayo de 2013 por la multinacional Siemens, que suscribió un acuerdo con el Comité Administrativo de Defensa Económica (Cade) para obtener beneficios a cambio de admitir las irregularidades y denunciar sus cómplices.