Río de Janeiro, 21 ago (EFE).- Camargo Correa, una de las mayores constructoras de Brasil, firmó un acuerdo con la Fiscalía por el que se comprometió a devolver 700 millones de reales (unos 200 millones de dólares) desviados de empresas estatales a cambio de beneficios en los procesos a los que responde, señalaron hoy fuentes oficiales.
La empresa, una de las investigadas por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, admitió en el acuerdo su responsabilidad en la práctica de los crímenes de asociación para delinquir, fraude en licitación, corrupción y lavado de dinero, según el Ministerio Público.
La constructora también se comprometió a entregar nuevas pruebas para facilitar la investigación de los desvíos de recursos en Petrobras y en otras empresas estatales, y a señalar a sus cómplices en la red de corrupción.
A cambio, la Fiscalía se comprometió a no presentar ante la Justicia denuncia criminal y civil contra la empresa.
«El acuerdo atiende el interés público de reducir el litigio judicial; garantizar lo más rápido posible el resarcimiento del patrimonio público; disminuir los gastos con procesos judiciales prolongados y poco efectivos, y obtener nuevas pruebas sobre crímenes cometidos por otras empresas», según un comunicado divulgado por el equipo de la Fiscalía responsable por el caso.
El acuerdo de confesión suscrito con la Fiscalía fue anunciado dos días después de que la misma empresa, en otro similar con el órgano de combate a los monopolios, también admitiera su culpa en los desvíos de la petrolera, aceptara colaborar con las investigaciones y se comprometiera a pagar una multa de 104 millones de reales (unos 29,7 millones de dólares).
El primer acuerdo fue homologado el miércoles por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el organismo del Ministerio de Hacienda responsable por el combate a los monopolios y que investigaba a Camargo Correa por su participación en un cartel que se repartía los contratos de Petrobras.
A cambio de la suspensión de la investigación administrativa en su contra y de otros beneficios, Camargo Correa se comprometió a pagar la millonaria multa, a colaborar con las investigaciones del CADE, a presentar documentos que pueden incriminar a otras empresas, a ofrecer informaciones sobre el funcionamiento del cartel y a suspender las actividades irregulares.
De acuerdo con las investigaciones tanto de la Fiscalía como del CADE, las empresas acusadas de los desvíos obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores de los mismos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.
La petrolera estatal calcula que los desvíos le provocaron pérdidas por cerca de 2.000 millones de dólares.
El escándalo ha mandado a prisión a varios ejecutivos de una veintena de empresas y salpicado a medio centenar de políticos, en su mayoría de los partidos que apoyan el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
El último en ser acusado formalmente de beneficiarse de la red fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, al que la Fiscalía denunció el jueves ante la corte suprema debido a que tiene foro privilegiado.