Río de Janeiro, 8 ene (EFE).- El Gobierno federal de Brasil despidió el año pasado a 541 funcionarios involucrados en prácticas ilegales, principalmente corrupción, según un balance divulgado hoy por la Contraloría General de la Unión.
La cifra no incluye a empleados de empresas estatales, como los gigantes Petrobras y Banco do Brasil, ni a los funcionarios de los Gobiernos regionales y municipales.
De los despedidos, 447 eran empleados públicos efectivos, 53 eran jubilados que perdieron su derecho a pensión y 41 ejercían cargos de confianza.
Según la Contraloría, 332 de los despedidos, es decir cerca del 61,4 % del total, fueron hallados culpables en procesos administrativos a los que fueron sometidos tras ser acusados de corrupción.
La segunda causa más importante de despido fue abandono del cargo, ausencias constantes al trabajo o acumulación ilícita de cargos, con 138 casos (25,5 %).
Otras causas fueron el ejercicio desidioso del trabajo o la participación en la gerencia o la administración de empresas privadas.
El despido fue ordenado tras un respectivo proceso disciplinario administrativo en que el acusado, con todo su derecho de defensa garantizado, fue considerado responsable.
La sanción en este tipo de casos prevé la expulsión del servicio público y la imposibilidad de disputar mandatos públicos en un período de ocho años.
De acuerdo con la Contraloría, en los últimos doce años 5.659 empleados públicos fueron despedidos tras ser sometidos a procesos disciplinarios, en su mayoría en Río de Janeiro (980), estado que tiene un elevado número de funcionarios debido a su condición de antigua capital de Brasil y sede de varias estatales, y Brasilia (705), la actual capital.
Los ministerios que han perdido más funcionarios por corrupción en los últimos doce años son los de Trabajo, Educación y Justicia.
Las estadísticas de la Contraloría no incluyen a Petrobras, la estatal en la que fue desmontada en los últimos meses una gigantesca red de corrupción que involucraba a una veintena de las mayores empresas del país y a medio centenar de políticos, acusados de desviar unos 2.000 millones de dólares de la petrolera.