Río de Janeiro, 29 oct (EFE).- El Gobierno brasileño emitió hoy una inusual y dura crítica a una enmienda constitucional discutida en el Congreso y que propone limitar el poder del Ejecutivo para definir y delimitar las reservas indígenas.
La Presidencia advirtió en un comunicado que la cuestionada enmienda, que transfiere del Gobierno al Congreso el poder para delimitar reservas, atenta contra el principio de separación de los poderes del Estado y contra la Constitución brasileña.
El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, decidió pronunciarse sobre la discusión parlamentaria dos días después de que una comisión de la Cámara de Diputados aprobara la enmienda y en medio de protestas de indios en todo el país contra la misma.
Los indios brasileños amenazan incluso con boicotear los Primeros Juegos Mundiales Indígenas, que Rousseff inauguró el pasado viernes en la ciudad de Palmas y que son disputados por unos 2.000 atletas de etnias de una veintena de países.
«La Secretaría de Gobierno de la Presidencia y el Ministerio de Justicia consideran que la aprobación del texto de la Propuesta de Enmienda Constitucional 215 por parte de una Comisión Especial del Congreso ofende el principio de separación de poderes», según el comunicado.
La Presidencia agregó que el proyecto de enmienda «no está alineado con el derecho originario que la Constitución consagra sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, de acuerdo con lo ya reconocido por la Corte Suprema».
Además de trasladar al Congreso el poder para definir las reservas indígenas, el proyecto prohíbe la ampliación de las reservas ya existentes y prevé el pago de indemnizaciones a colonos y agricultores establecidos en áreas delimitadas aunque no poseen títulos de propiedad.
Pese a que la enmienda solo fue aprobada por una comisión y aún tiene que ser discutida en dos votaciones por los plenos del Senado y la Cámara de Diputados, los indios temen que no llegue a ser cuestionada dado el elevado número de parlamentarios que representan los intereses de los hacendados y de grandes latifundistas.
Los indios brasileños que participan en los Juegos Mundiales Indígenas, que abuchearon a Rousseff en la ceremonia inaugural del evento por atribuirle al Gobierno la iniciativa legislativa, amenazan con retirarse de las competencias en caso de que el proyecto de enmienda avance a otra instancia.
«Es un retroceso. La agroindustria ha avanzado sobre nuestros territorios y no existe voluntad política en el Congreso para delimitar las reservas. Quienes caerán en esta lucha seremos los indios», denunció el líder indígena Lindomar Terena, uno de los coordinadores de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.
Según el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), vinculado al Episcopado brasileño, los parlamentarios alineados con los hacendados tienen el poder suficiente para impedir la creación de nuevos territorios indígenas.
«Si es aprobada en todas las instancias, la enmienda representa un riesgo de genocidio para los pueblos originarios de Brasil», afirmó el secretario ejecutivo del Cimi, Cleber Buzatto.
En Brasil viven unos 817.000 indios, el equivalente al 0,4 % de la población del país, y sus reservas por poco más de 1,1 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo las que aún no fueron delimitadas, representan el 13,6 % del territorio nacional.