Brasilia, 8 sep (EFE).- El ministro de Comunicaciones de Brasil, Ricardo Berzoini, ratificó hoy la confianza del Gobierno en los titulares de Información, Edinho Silva, y de la Presidencia, Aloizio Mercadante, investigados por supuestas irregularidades electorales vinculadas a la corrupción en Petrobras.
Silva, quien fue tesorero de la campaña que en 2014 llevó a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, está bajo investigación por supuestas maniobras en la recaudación de dinero para acciones proselitistas, que, según sospecha la Fiscalía, pudieran estar vinculadas a las corruptelas en la estatal Petrobras.
La investigación contra Mercadante, por su parte, fue autorizada por el Tribunal Supremo con la intención de determinar si parte del dinero que recibió en 2010 para su fracasada campaña a gobernador de Sao Paulo se originó también en la corrupción petrolera.
«Reafirmo que el Gobierno considera que se trata solamente de investigaciones» que «están en una fase inicial» y que pudieran ser «archivadas» más adelante, dijo Berzoini en una rueda de prensa tras una reunión del equipo de coordinación política del Gobierno, en la que garantizó que ese asunto «no fue tratado».
Según Berzoini, Rousseff y el Gobierno tienen «plena confianza» en Silva y en Mercadante y «no hay razones» para ello se altere.
Las investigaciones fueron autorizadas por el Tribunal Supremo sobre la base de unas declaraciones del empresario Ricardo Pessoa, detenido por su participación en las corruptelas descubiertas en Petrobras.
En el marco de un acuerdo de cooperación judicial a cambio de una futura reducción de pena, Pessoa afirmó que durante el año pasado donó 7,5 millones de reales (hoy 1,97 millones de dólares) para la campaña que llevó a la reelección de Rousseff y que negoció esos valores con el entonces tesorero de campaña, Edinho Silva.
En el caso de Mercadante, un hombre de la mayor confianza de la presidenta Rousseff, Pessoa sostuvo que entregó 500.000 reales (hoy 131.500 dólares) para su campaña a gobernador de Sao Paulo en 2010.
En ambos casos, el empresario aseguró que las «donaciones» fueron hechas sobre la base de acuerdos que se alcanzaban dentro de la red de corrupción que operaba en Petrobras, que, según la propia estatal, se apropió de unos 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.
Según la policía, las empresas privadas implicadas en el asunto obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y parte de esas diferencias era entregada a políticos que amparaban las corruptelas y, en ocasiones, eso se hacía bajo el «disfraz» de «donaciones legales» para campañas electorales.
El ministro Silva ha dicho ser «plenamente favorable» a que se investiguen los gastos de la campaña que llevó a la reelección de Rousseff, sobre la cual ha garantizado que fue realizada dentro de una «absoluta legalidad».
«Tengo la tranquilidad de quien actuó como coordinador financiero de la campaña presidencial de 2014 dentro de la legalidad. Las cuentas de la campaña fueron aprobadas por unanimidad por el Tribunal Superior Electoral», señaló Silva el pasado sábado, luego de que se autorizó la investigación.