Brasilia, 11 nov (EFE).- El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mayor fuerza opositora del país, exigió hoy que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sea cesado del cargo por su presunta implicación en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras.
La posición del PSDB fue volcada en un comunicado en el que esa formación sostiene que Cunha debe separarse del cargo de presidente de la Cámara Baja por la «gravedad de las acusaciones» que pesan en su contra.
Según sostiene la policía, Cunha recibió al menos cinco millones de dólares de la corrupción petrolera y los ocultó en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya titularidad él ha negado pese a que hasta la justicia del país helvético ha remitido a Brasil una serie de documentos que así lo comprueban.
Por esas acusaciones, el Consejo de Ética de la Cámara Baja ha iniciado un proceso con miras a la pérdida del escaño de Cunha, que aún así se mantiene en la Presidencia del órgano legislativo.
En el comunicado, el PSDB no se pronunció respecto a la posibilidad de que Cunha pierda el mandato, que dejará en manos del Consejo de Ética, pero sí exigió que se «separe» de la Presidencia, al menos hasta que sea tomada una decisión sobre su escaño.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente del país, Michel Temer, pero anunció hace unos meses su decisión personal de pasar a la oposición, a la que intenta arrastrar a esa influyente formación.
En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, tiene la atribución constitucional de decidir sobre el inicio de un posible juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que ha sido solicitado por cuatro partidos de oposición, entre ellos el PSDB.
Esa petición se fundamenta en unas maniobras fiscales que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que, según organismos de contraloría del Estado, han continuado este año.
Según la oposición, esas maniobras constituyen un «delito de responsabilidad», que la Constitución brasileña contempla entre las posibles causas para la destitución de un mandatario.
El Gobierno, sin embargo, niega esa tesis y sostiene que Rousseff no tuvo responsabilidad directa en esas maniobras, por lo que no podría ser procesada sobre esas bases.