Río de Janeiro, 4 ago (EFE).- El Partido de los Trabajadores (PT), la formación de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió hoy la lucha contra la corrupción pero rechazó supuestos intentos de la oposición para «criminalizar» a la fuerza oficialista.
El partido en el Gobierno brasileño desde 2003 rechazó que se le intente identificar con la corrupción en momentos en que nuevos testimonios y detenciones lo salpican en el gigantesco escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
«El combate implacable a la corrupción debe continuar, pero no de forma selectiva, sin que sea convertido en un espectáculo para los medios y sin que se invierta la carga de la prueba», dijo hoy el presidente del PT, Rui Falcao, en una rueda de prensa que concedió tras una reunión en que la dirección ejecutiva del partido analizó las recientes operaciones contra la corrupción en Brasil.
De acuerdo con el presidente del PT, la actual conducción de las investigaciones busca perjudicar al partido oficialista mediante la expedición de órdenes de detención preventiva dirigidas a obligar a los acusados a buscar posibles ventajas con delaciones.
Falcao dijo que esas iniciativas refuerzan el proceso con que algunos sectores quieren «criminalizar» al PT.
«Prosigue la escalada dirigida por sectores conservadores, por los monopolios de medios de comunicación y por algunos partidos de la oposición para criminalizar a nuestro partido; debilitar el Gobierno de la presidenta Dilma (Rousseff) y afectar la popularidad del (ex) presidente Lula», aseguró el dirigente.
El PT se pronunció sobre la investigación de corrupción en la estatal Petrobras un día después de que la Policía detuviera, por su vinculación con el escándalo de la estatal, al exministro José Dirceu, el hombre fuerte de Lula durante su primer mandato, quien fue además uno de los fundadores de la formación y su presidente durante varios años.
Dirceu, exministro de la Presidencia, fue detenido en su casa en Brasilia, en la que desde finales del año pasado cumplía prisión domiciliaria tras haber pasado en la cárcel doce meses, como parte de la condena que le fue impuesta por un caso de corrupción que hizo tambalearse al gobierno de Lula en 2005.
El PT igualmente se pronunció un día después de que la Fiscalía confirmara que Milton Pascowitch, uno de los empresarios presos por el caso de corrupción en Petrobras y que llegó a un acuerdo con la Justicia para colaborar con la investigación a cambio de una reducción en su futura condena, señalara al PT como beneficiario de los desvíos.
Pascowitch declaró ante los fiscales que, como intermediario de la constructora Engevix, una de las empresas que se adjudicó contratos millonarios con Petrobras a cambio de sobornos, entregó 10,5 millones de reales (unos 3 millones de dólares) en efectivo en la sede del PT.
Falcao negó que el PT haya decidido abandonar a Dirceu, al que no ha citado en ninguno de sus pronunciamientos o comunicados.
«No estamos abandonando a ningún compañero, pero, independientemente de eso, no se puede presumir la culpa. Cualquier persona que sea acusada, no sólo Dirceu, es inocente hasta que se demuestre lo contrario», aseguró.
Poco antes del pronunciamiento de Falcao, el PT divulgó una nota en la que dijo que, tal y como son conducidas, las investigaciones del caso Petrobras buscan imponer un «estado de excepción».
«Si el principio de presunción de inocencia es violado; si el espectáculo jurídico-político-mediático se antepone a la necesaria obtención de pruebas; si las prisiones preventivas sin fundamento son hechas y prolongadas para afectar psicológicamente e inducir denuncias, no es la corrupción la que se extirpará. Se está gestando un estado de excepción que viola la Constitución y la democracia», alega el PT en su nota.
Entre los presos por el caso de Petrobras figura el extesorero del PT, Joao Vaccari Neto, acusado de corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero, por supuestamente negociar los sobornos que el partido recibía por amparar la firma de contratos entre la petrolera estatal y las empresas de la red de corrupción.
La Fiscalía asegura que las cerca de veinte empresas implicadas en el escándalo obtenían de la petrolera contratos amañados; inflaban sus valores y repartían las diferencias con exdirectivos de Petrobras y políticos que amparaban esas maniobras.