Carlos A. Moreno
Río de Janeiro, 8 ago (EFE).- Los empresarios decidieron darle un espaldarazo al pacto por la gobernabilidad en Brasil propuesto por el vicepresidente, Michel Temer, ante el temor de que la crisis política alimente aún más la económica.
Luiz Carlos Trabuco, presidente del Bradesco, segundo mayor banco privado de Brasil, alertó hoy sobre la gravedad de la crisis e instó a los partidos a olvidar sus ambiciones personales y a unirse en torno a un pacto que pueda ayudar al país a superar sus problemas.
«Las personas necesitan tener la grandeza de separar las ambiciones personales y ver lo qué es mejor para el país. Necesitamos salir de ese ciclo de que en cuanto peor (esté la situación), mejor (para los partidos de oposición). ¿Mejor para quién? Para Brasil no lo es», afirmó.
Las dos principales patronales regionales de empresarios de Brasil ya habían instado el jueves a los partidos a trabajar de forma unida y manifestado su apoyo al pacto propuesto por Temer.
Para la Federación de las Industrias de Sao Paulo (Fiesp) y la Federación de las Industrias de Río de Janeiro (Firjan), llegó la hora de que todos «dejen de lado sus ambiciones personales o partidarias y miren por el mayor interés de Brasil» ante la peor crisis en Brasil en los «últimos 20 años».
Según el director de operaciones de la consultora FN Capital, Paulo Figueiredo, la decisión de Temer de proponer un pacto suprapartidario, «demostró que la crisis política es peor que lo que cualquiera imaginaba y que el Gobierno perdió el control sobre su base» partidaria.
Para el consultor, la mayor preocupación de los empresarios es con la posibilidad de que Brasil pierda su condición de país con grado de inversión, es decir seguro para los inversores, lo que, en su opinión, aplazará la recuperación para dentro de dos años o más.
Los analistas ya consideran este año perdido y prevén que Brasil terminará 2015 con una contracción económica del 1,80 %, su peor resultado desde 1990, y con una inflación del 9,25 %, la más elevada desde 2003, así como con el desempleo en aumento.
El mercado financiero, con una caída de la bolsa de Sao Paulo del 4,5 % acumulada en la última semana y la subida del dólar a su mayor nivel en 12 años, demostró que la confianza de los inversores cae a la par con la estabilidad política.
Ese retroceso fue el reflejo de una semana en que una encuesta mostró que la popularidad de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se desplomó hasta el 8 %, su menor nivel histórico; en que los dos partidos laboristas del país anunciaron su decisión de abandonar la base oficialista; en que el Congreso, fuera de control, puso en votación medidas que amenazan aún más las cuentas públicas, y en que el vicepresidente admitió que la situación es «grave».
La crisis también se agravó esta semana con nuevas divulgaciones del gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras que dejan cada vez más comprometido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y con el arresto del exministro José Dirceu, el antiguo hombre fuerte del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero la crisis económica también alimenta la política y la caída de la popularidad de Rousseff, según los analistas, refleja el descontento de los brasileños con el descontrol de la inflación, la subida de los tipos a su mayor nivel en nueve años y el mal humor con las medidas del ajuste fiscal impuesto por el Gobierno para balancear sus maltrechas cuentas.
La aprobación del ajuste fiscal fue precisamente la principal preocupación citada por el vicepresidente cuando pidió que los partidos, los empresarios y las organizaciones sociales se unan en defensa de proyectos de interés nacional.
Los empresarios defienden el ajuste fiscal debido a que admiten que su naufragio inmediatamente llevará a las agencias de calificación de riesgo a reducir la nota de Brasil y a retirarle al país su estatus de seguro para los inversores.
Según la Fiesp y la Firjan, el país tiene que unirse para mantener su actual calificación, ya que su pérdida puede «colocar en riesgo la supervivencia de miles y miles de empresas y millones de empleos».
El deterioro económico y político ha llevado a algunos sectores de la oposición a pedir la apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff.
La propia mandataria tuvo que reaccionar el viernes y advertir que no dejará que nadie le quite a su mandato la legitimidad que recibió en las urnas en octubre pasado, en respuesta a las peticiones de líderes opositores para que Brasil celebre nuevas elecciones como estrategia para superar su actual crisis.
«Creo que actualmente las posibilidades de que el mandato de Rousseff sea interrumpido son del 15 %, principalmente porque no hay sustento jurídico para eso. Pero muchos inversores ya están preocupados con esa posibilidad y dicen que, si eso ocurre, la inversión extranjera sólo volverá en 2017», según Figueiredo.