São Paulo. Por Verónica GOYZUETA @Goyzuet4

La gran operación policial en la que se detuvo el pasado fin de semana a ejecutivos de la petrolera Petrobras y de algunas de las mayores constructoras de Brasil, es la señal de que la recién reelecta presidenta, Dilma Rousseff, cumple una de sus principales promesas de campaña, “no dejar piedra sobre piedra” en la investigación de uno de los mayores escándalos de corrupción del país, un caso que puede respingarle, pero que también puede volverse un marco en las relaciones entre empresas, políticos y estatales.

La Policía realizó una operación para detener 85 personas en cinco estados brasileños y capturó 18, entre ellas, al ex director de servicios de Petrobras, Renato Duque y a altos ejecutivos de las constructoras Camargo Correa, Mendes Júnior, OAS, Engevix, Queiroz Galvão, Iesa y UTC, que tienen negocios dentro y fuera de Brasil. La justicia brasileña ordenó también el bloqueo de unos US$ 277 millones en activos de 36 investigados. 

Son empresas que tienen contratos de alrededor de US$ 23 mil millones con la petrolera estatal y que están entre las principales donadoras de campañas políticas. Es la primera vez que estas empresas, que siempre tuvieron negocios con gobiernos, son investigadas tan duramente y se convierten en blancos de una operación anticorrupción de ese porte. 

“Le pasé los datos a la presidenta Dilma. Ella sabe de las investigaciones”, aseguró el ministro de Justicia Eduardo Cardozo. Rousseff estaba en la reunión del G20, durante la operación pero, según el ministro, «me dijo: pídale a la Policía Federal que prosiga con firmeza en la investigación de las irregularidades”. Dicho esto, añadió, «las investigaciones seguirán duela a quién duela”, ya sean políticos del Gobierno o de la oposición. 

El caso Petrobras salpica a Luiz Ignacio Da Silva y a la presidenta Dilma Rousseff

Rousseff es una de las políticas a las que puede dolerle este escándalo. Ella fue ministra de Energía y Minas, responsable por Petrobras, en el primer Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y por los proyectos de Infraestructura, en su segundo. La actual presidenta de Petrobras, Graça Foster, que ya era una importante ejecutiva de carrera de la empresa cuando el escándalo comenzó, es una de sus mejores amigas.

El gigantesco escándalo de corrupción que se fue revelando semanalmente desde marzo, y que fue titular de los principales noticieros durante la campaña presidencial, fue uno de los responsables de la apretada victoria que ella consiguió sobre su adversario socialdemócrata, Aécio Neves. El llamado “Petrolão”, también ha sido combustible de algunas manifestaciones que acusan un fraude electoral y piden su destitución. 

“Lula es el padre del Mensalão y Dilma es la madre del Petrolão”, decía una gran pancarta exhibida en la tradicional avenida Paulista, donde unas 10 mil personas se amontonaron frente al Museo de Arte de São Paulo, pidiendo el fin del Gobierno recién electo hace una semana.

“No creo que provoque inestabilidad detener y condenar corruptos. Lo que debe llevar a la inestabilidad es el mantenimiento de la impunidad”, dijo Rousseff en una entrevista, días después de su reelección y antes de las prisiones. 

El ministro de justicia criticó a quienes están tratando de politizar el caso y persisten en mantener el tenso clima electoral. “Hay quienes todavía creen que estamos en una disputa electoral, pero tal vez no hayan percibido que el resultado de las urnas ya salió y que ya hay vencedores”, advirtió Cardozo.

Mientras transcurren las investigaciones, la que más sufre es la principal empresa estatal brasileña, que después de ser la niña de los ojos de Lula, con sus gigantescas reservas de petróleo pre-sal, ahora se desangra en plaza pública, con acciones a la baja y amenazas de rebaja por parte de las agencias internacionales de calificación de riesgo.

El jueves, Petrobras informó que por primera vez en su historia, no difundiría su balance trimestral dentro del plazo legal. Con acciones negociadas en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, es evidente que el dinero de sus minoritarios puede haber financiado partidos y enriquecido ilegalmente a los miembro de una red de corrupción. Por ahora ya se sabe que el balance no salió porque su auditora externa, la PricewaterhouseCoopers, no quiso firmarlo.