Brasilia, 22 jul (EFE).- El Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, presentó hoy al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) las explicaciones sobre el supuesto «maquillaje» del informe de prestación de cuentas.
El informe con las explicaciones de las llamadas «pedaladas fiscales» (maquillaje fiscal) fue entregado por el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, al presidente del TCU, Aroldo Cedraz, según reportó el servicio estatal de noticias Agencia Brasil.
De acuerdo con el TCU, entre 2013 y 2014 el Gobierno atrasó «sistemáticamente» el envío de recursos a las entidades públicas Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.
En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), explicó el TCU, que calcula en más de 40.000 millones de reales (unos 12.919 millones de dólares) la cifra «sacada» por el Gobierno de las cuentas de los bancos públicas.
El pasado 17 de junio, el TCU decidió aplazar por 30 días el análisis de las cuentas hasta que el Gobierno diera respuesta a 13 puntos cuestionados, entre ellos el de reducir el corte de gastos en octubre del año pasado, mes en el que se celebraron las elecciones presidenciales, legislativas y regionales.
Adams entregó un portafolio con más de 1.000 páginas, 110 aclaraciones y 900 anexos, que serán analizados con carácter de «urgencia», pero sin fecha prevista de conclusión, por parte de un equipo técnico del TCU, antes de ser remitido al Congreso para su aprobación o rechazo.
El abogado del Gobierno consideró que las prácticas cuestionadas ocurren durante períodos cortos, que son compensados cuando los bancos reciben recursos y quedan con saldos positivos, lo que, a su juicio, encaja con la modalidad de «una lógica prestación de servicios» por parte de los bancos.
Para Adams, el análisis de las explicaciones de las cuentas debe ser «técnico» y «no político», en una alusión indirecta a la crisis política por la que pasa el Gobierno, con un Congreso dividido y parte de la base aliada de apoyo en el Legislativo fragmentada.
«El debate político se hace después, en el Congreso, en el momento en que eso sea necesario. Pero no quiere decir, evidentemente, que no podamos ir al Congreso para aclarar cuando seamos llamados», declaró Adams.