Brasilia, 14 jul (EFE).- El allanamiento de 53 residencias y oficinas de seis políticos, entre ellos el expresidente brasileño y senador Fernando Collor, fue el primer paso de la Corte Suprema de Brasil en la investigación que abrió contra unos 50 parlamentarios salpicados por el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras.
La máxima corte de Brasil abrió en marzo pasado investigaciones contra 49 políticos con foro privilegiado, entre ellas 34 parlamentarios y 12 exdiputados, por presuntos desvíos de recursos de la estatal Petrobras, pero hasta ahora no había ordenado ningún procedimiento concreto para la recolección de pruebas.
La pausa duró hasta hoy cuando 250 agentes de la Policía Federal realizaron de forma sorpresiva registros y se incautaron de computadores, memorias digitales, dinero en efectivo, documentos y hasta vehículos de lujo en residencias, empresas y oficinas, incluso en el Congreso, de seis de los acusados.
Los primeros en la mira del Supremo Tribunal Federal fueron, además de Collor de Mello, los senadores Ciro Nogueira y Fernando Bezerra, el diputado Eduardo da Fonte, el exministro Mario Negromonte y el exdiputado João Pizzolatti.
Los allanamientos fueron realizados de forma simultánea en Brasilia y en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, Alagoas y Santa Catarina.
«Las medidas son necesarias para aclarar los hechos investigados en la Corte Suprema y algunas se destinan a garantizar el decomiso de bienes adquiridos con posibles prácticas criminales, así como resguardar pruebas importantes que podían ser destruidas en caso de que no fuesen incautadas», afirmó en un comunicado el procurador general de la República, Rodrigo Janot.
Entre las propiedades de Collor allanadas figuran sus residencias en Brasilia y en su estado natal de Alagoas, así como sus oficinas en el Parlamento y las de algunas empresas que pertenecen a su familia.
Igualmente fue allanada la Casa da Dinda, una lujosa residencia que el expresidente habitó cuando era jefe de Estado y que se hizo famosa durante las investigaciones por corrupción que finalmente lo obligaron a renunciar en 1992.
Tan sólo en la Casa da Dinda, la Policía se incautó de tres vehículos de lujo, una Ferrari, un Lamborghini, un Porsche, cuyos últimos modelos, al menos de los dos primeros, valen cerca de 6 millones de reales (unos 2 millones de dólares).
Según un comunicado divulgado por la defensa de Collor, las operaciones policiales fueron «invasivas, arbitrarias y flagrantemente innecesarias», pues la investigación sobre Petrobras comenzó hace más de un año y el exmandatario «ni siquiera fue citado a declarar», pese a que se ofreció a hacerlo.
Medidas de esa naturaleza «alimentan un clima de terror y persecución y, con esto, intimidan a futuros testigos», agrega la nota.
Collor, senador por el oficialista Partido Laborista Brasileño (PTB), gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando renunció al cargo en medio de un sonado escándalo de corrupción, pero finalmente fue absuelto por la Justicia de todos los cargos.
Los seis políticos afectados por las medidas figuran en la lista de parlamentarios o exlegisladores acusados de beneficiarse de la red de corrupción que desvió cerca de 2.000 millones de dólares de Petrobras, según un balance de la propia estatal.
La lista también incluye a los actuales presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros, ambos dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza el vicepresidente del país, Michel Temer.
Por el escándalo están detenidos una veintena de empresarios y algunos dirigentes políticos, como el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari.
Según la Policía, las empresas privadas implicadas en el caso obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios y repartían las diferencias entre algunos directores de la petrolera y los políticos que amparaban esas irregularidades.
En ocasiones, según las autoridades judiciales, el dinero se entregaba a los partidos en forma de donaciones legales para campañas electorales, que eran debidamente registradas pero tenían origen ilícito.