Eduardo Davis
Brasilia, 5 ago (EFE).- La investigación sobre el escándalo en Petrobras avanzó hoy en el frente político y comprometió aún más al senador y expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello, acusado de obtener unos 7,5 millones de dólares con la corrupción petrolera.
Según documentos enviados por la Fiscalía a la Corte Suprema, el senador de la base que apoya al Gobierno de Dilma Rousseff recibió ese dinero entre 2010 y 2014 a través de un «sofisticado sistema de blanqueo de capitales» en el que participaron algunas empresas de su propiedad y otras en las que figura como socio.
Los documentos sostienen que algunas de esas empresas sólo existen en el papel y no tienen ni empleados ni ninguna actividad económica conocida, de lo cual se deduce que fueron creadas para «lavar el dinero» originado en la corrupción en Petrobras.
Las empresas, oficinas y hasta las residencias de Collor de Mello ya fueron objeto de un amplio registro el pasado 14 de julio, cuando la Policía Federal se incautó de numerosos bienes y documentos que habrían agravado su situación.
Una de las propiedades registradas fue la Casa da Dinda, una lujosa mansión que Collor posee en Brasilia, que usó en sus tiempos de presidente como residencia oficial y que ya había sido objeto de una operación similar en 1992, antes de su renuncia al cargo.
En la Casa da Dinda fueron incautados un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche, cuyo valor se calcula en unos seis millones de reales (dos millones de dólares) y que, según la Fiscalía, fueron producto de la corrupción en Petrobras.
El senador, de 65 años, presidió Brasil de 1990 a 1992, cuando dimitió acorralado por denuncias de corrupción, y ahora figura en el grupo de medio centenar de políticos investigados por una trama que durante la última década desvió unos 2.000 millones de dólares de Petrobras, según calcula la empresa estatal.
Collor fue uno de los inesperados compañeros de viaje que escogió en su momento el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff, para conformar la variopinta coalición de Gobierno que luego heredó y aún conserva la actual mandataria.
En 1992, el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, estuvo en la primera línea de las protestas que aceleraron la caída de Collor, quien entró en la política en 1979, como diputado del partido Arena, hoy desaparecido pero que entonces servía de fachada a la dictadura.
Sin embargo, pese a sus claras diferencias ideológicas con el PT, Collor fue elegido senador en 2006 con apoyo de Lula, que le recibió con los brazos abiertos en la coalición oficialista.
Por este mismo caso, esta semana volvió a prisión el exministro José Dirceu, el «hombre fuerte» del Gobierno en el primer mandato de Lula y considerado una «leyenda viva» de la izquierda brasileña.
El exministro ya cumplía una condena a once años y diez meses por su responsabilidad en un caso de sobornos parlamentarios denunciado en 2005, durante la primera gestión de Lula, de quien fue siempre un fiel escudero.
Dirceu, de 69 años, ya había pasado doce meses en la cárcel, pero a fines del año pasado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y cumplía la pena en su residencia de Brasilia.
Sin embargo, ese beneficio le fue suspendido porque, según la Fiscalía, aún bajo arresto seguía recibiendo comisiones ilegales de la corrupción petrolera.
Por el «caso Petrobras» se investiga a una veintena de grandes empresas y a medio centenar de políticos, en su mayoría de la base que apoya a Rousseff, entre los cuales están los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
Otro frente de la investigación intenta determinar si el dinero de la corrupción en Petrobras también llegó al comité de campaña de Rousseff el año pasado, de cara al proceso en que fue reelegida para el nuevo mandato de cuatro años que comenzó el pasado 1 de enero.
Uno de los detenidos por el asunto es Joao Vaccari, quien hasta mediados de este año era tesorero del PT y responsable de recaudar dinero para muchas de las campañas del partido.
A raíz de esas sospechas, sectores minoritarios de la oposición pretenden que Rousseff sea sometida a un juicio político con fines de destitución, aunque hasta ahora no han encontrado el respaldo necesario en el Parlamento.