Lisboa, 27 jul (EFE).- La Fiscalía lusa informó hoy de que además del ex presidente del BES Ricardo Salgado, también fueron declarados «sospechosos oficiales» otros cinco directivos de la entidad por su presunta participación en delitos de índole económica.
El Ministerio Público reveló los nombres de los antiguos gestores del banco bajo investigación dos días después de que el juez decretase prisión domiciliaria para Salgado, quien era considerado hasta hace sólo unos meses uno de los hombres más influyentes y poderosos del país.
Isabel Almeida, quien ejerció de directora financiera del BES; Cláudia Boal de Farias, de la división de ventas; José Castella, responsable de tesorería del Grupo; Pedro Luís Costa, antiguo administrador de Espírito Santo Activos Financieros; y António Soares, exdirector del BES Vida, completan la lista.
El caso se encuentra bajo secreto de sumario, y por el momento las autoridades sólo revelaron que está relacionado con la investigación que se lleva a cabo sobre el derrumbe del Grupo Espírito Santo, y que provocó a su vez la caída del banco BES.
Salgado fue declarado «sospechoso oficial» por los crímenes de corrupción en el sector privado, blanqueo, fraude fiscal, abuso de confianza, falsificación de documentos y falsificación informática.
Desde entonces le fue impuesta prisión domiciliaria aunque sin pulsera electrónica, y según medios lusos cuatro policías -distribuidos en rondas de seis horas- se encargan a diario de velar por el cumplimiento de esta medida.
La Fiscalía señaló que también le fue prohibido comunicarse con el resto de implicados en este caso.
Las autoridades sospechan que en el origen del derrumbe de este emporio familiar -uno de los mayores de Portugal y con participaciones en diferentes sectores- existen irregularidades legales que pueden constituir un crimen.
Hace justo un año Salgado ya fue detenido y llevado a declarar ante el juez aunque por otra operación diferente llamada «Monte Branco», el mayor caso de fraude fiscal y blanqueo de capitales detectado en Portugal.
El banquero abonó entonces una fianza de tres millones de euros para salir en libertad provisional.