Río de Janeiro, 3 ago (EFE).- Las acciones policiales causan la sexta parte de los homicidios en Río de Janeiro, la ciudad brasileña que organizará los Juegos Olímpicos de 2016, y en muchos casos esas muertes encubren ejecuciones extrajudiciales que quedan impunes, según un informe divulgado hoy por Amnistía Internacional (AI).
Los datos forman parte del estudio «¡Usted mató a mi hijo!: homicidios cometidos por la policía en Río de Janeiro», un trabajo de campo realizado por investigadores de la organización internacional de defensa de los derechos humanos sobre las muertes por acciones policiales ocurridas el año pasado en Acarí, una favela en la zona norte de Río de Janeiro.
A partir del análisis de las denuncias policiales, entrevistas a víctimas y vecinos e informes sobre investigaciones de la Fiscalía, AI concluyó que nueve de las diez muertes en acciones policiales registradas el año pasado en Acarí fueron ejecuciones extrajudiciales.
«El trabajo de campo de Amnistía Internacional en Acarí recogió fuertes indicios de ejecución extrajudicial en nueve de estas muertes. En el caso restante no había documentación necesaria para una investigación más profunda. En el mismo período, ningún policía murió en servicio en Acarí», según el informe de AI.
De acuerdo con la organización, el trabajo permitió detallar «un capitulo reciente del largo historial de muertes, violencia policial e intimidación de testigos que marca la comunidad de Acarí, además de analizar y describir el contexto de la violencia letal de la Policía en la ciudad de Río de Janeiro».
Esta favela siempre se ha caracterizado por ser escenario de tiroteos con la policía y fue la región de Río con más homicidios ocurridos en intervenciones policiales el año pasado.
Según estadísticas oficiales recogidas por Amnistía, de las 1.791 muertes violentas registradas en Río en 2011, 283, es decir el 16 % o cerca de la sexta parte, ocurrieron en acciones policiales, y en muchas hay también indicios de ejecuciones extrajudiciales.
Según AI, la Policía alega enfrentamientos con personas que se resistían al arresto o legítima defensa para «encubrir homicidios que se caracterizan, según la legislación internacional, como ejecuciones extrajudiciales».
«La idea de que estamos en una ‘guerra a las drogas’ y que matar narcotraficantes forma parte de ese combate ha sido usada como justificante por la policía para el uso excesivo, arbitrario y desproporcionado de fuerza, y para actuar fuera de la ley», según el director ejecutivo de AI en Brasil, Atila Roque.
La Policía Civil, sin embargo, tan sólo abrió 220 investigaciones internas para establecer lo ocurrido en esas 283 muertes en 2011 en las que intervino al menos un policía, bien sea en cumplimiento del deber o en supuesta defensa propia.
De los policías acusados en esos 220 casos tan solo uno había sido denunciado ante la justicia por homicidio hasta abril pasado, en tanto que el 80 % aún afrontaba procesos administrativos cuatro años después.
«La falta de investigación en los casos de homicidio involucrando policías alimenta la impunidad y el ciclo de violencia. El Estado no pude tolerar esa práctica», asegura Roque.
Según AI, el estudio mostró igualmente que la mayor parte de las víctimas de la violencia policial en Río son jóvenes negros de los estratos más pobres de la ciudad.
De acuerdo con el informe, el 99,5 % de las víctimas de homicidios en acciones policiales entre 2010 y 2013 en Río eran hombres, el 79 % negros y el 75 % tenía entre 15 y 29 años.
Ese perfil, sin embargo, se reproduce en las estadísticas de la violencia en Brasil. Según el llamado Mapa de la Violencia, de las cerca de 56.000 víctimas de asesinatos registrados en Brasil en 2012, 93 % eran hombres, 77 % negros y 53 % tenían entre 15 y 29 años.