Rafael Salido
Río de Janeiro, 26 ago (EFE).- Sérgio Luíz Kukina, magistrado del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, considera un «engaño» el justificar la ley que pretende reducir la edad de responsabilidad penal con base en la presunta impunidad de la que disfrutan los menores y señala que ya existe un número «muy alto» de sanciones.
El jurista, que lleva meses alzando su voz con la intención de que se ponga fin a la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 171 aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, dijo en una entrevista con Efe que la «causa primaria» detrás de la delincuencia juvenil se debe a los derechos sociales «que no son atendidos».
«El lugar de los niños es la familia, la escuela y los presupuestos públicos», afirmó el magistrado, que desde 2013 es miembro del STJ como representante del Ministerio Público (Fiscalía).
La PEC 171, que reduce de 18 a 16 años la edad penal en los casos de crímenes graves, deberá ahora ser votada en el Senado y, de avanzar, irá a sanción presidencial.
Esta medida se comenzó a gestar en 2013, en respuesta a una ola de crímenes cometidos por menores de edad que llevaron al gobernador del rico y poblado estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, a proponer al Congreso el endurecimiento de las penas en los casos de asesinatos, violaciones y otros delitos considerados graves.
En los últimos meses, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) pero que tomó una postura personal de oposición contra el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, se ha convertido en el principal abanderado de la PEC 171.
Kukina advirtió que el tejemaneje del asunto «puede rendir dividendos políticos para algunos» y perjudicar los intereses de la sociedad, debido a la crisis que atraviesa el país, derivada de la mala situación económica y de los casos de corrupción que se ciernen sobre Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
En julio, Cunha logró la aprobación de la PEC 171 en primera instancia de forma polémica, después de no haber superado una votación inicial, al colocar este proyecto en la pauta de votaciones por segunda vez en menos de 24 horas, tras realizar algunas modificaciones en el texto original, como la creación de centros específicos para la reclusión de este tipo de criminales.
El PT y otros partidos de izquierda se oponen a la PEC y llegaron a proponer mantener el actual Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA, por su sigla en portugués) con algunos cambios, como aumentar la reclusión de los menores infractores -a partir de doce años de edad- de los actuales tres años hasta entre ocho y diez años.
Para el magistrado es viable aumentar ese período de reclusión, siempre «respetando» los diferentes acuerdos internacionales firmados por Brasil, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, firmada en 1989, o el pacto de San José en Costa Rica, de 1969.
Los legisladores que respaldan la iniciativa, en tanto, dejaron de lado el discurso de que la PEC sería la solución para reducir la criminalidad cometida por menores y se alinearon a un clamor general de la población, que según encuestas un 87 % es favorable a la medida para combatir la «sensación de impunidad».
En marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que describió esta medida como «un retroceso social», indicó que los actos delictivos cometidos por adolescentes representan tan sólo un 4 % del total en Brasil; de este porcentaje, solo el 2,9 % son crímenes graves.
La Constitución brasileña de 1988 señala a los más jóvenes como «una prioridad absoluta», pero sólo hasta 1990 esa directriz fue articulada mediante la Ley 8.069, más conocida como el ECA.
Esta norma regula los derechos de los más jóvenes, pero también sus «deberes y responsabilidades», apuntó el magistrado de 56 años, consciente de que gran parte de la población brasileña cree que el Estatuto sólo intenta «proteger» a los menores infractores.
No obstante, Kukina se mostró contundente al afirmar que su deseo es que un menor de 18 años que cometa una infracción «responda con todas las consecuencias por todos sus actos», pero siempre «en los términos previstos en la Constitución».
El ECA establece que, a partir de los doce años, un menor puede ser internado por un período de tres años, que será ampliable tres años más en régimen semiabierto, si su comportamiento no es considerado apropiado por parte de un equipo técnico del reformatorio.
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han pedido a la sociedad brasileña que muestre su oposición a la medida.
«Queremos más Estatuto y menos Código Penal», concluyó Kukina.