Brasilia, 15 jul (EFE).- El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, afirmó hoy que la presidenta Dilma Rousseff «paga un precio» por ser correcta y honesta, en el interrogatorio al que fue sometido por la comisión de la Cámara baja que investiga el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras.
Cardozo declaró hoy, en calidad de testigo, ante un grupo de parlamentarios que investiga el gigantesco escándalo de corrupción en el seno de la petrolera estatal, la mayor empresa de Brasil y responsable por una parte significativa del PIB brasileño.
El ministro fue convocado para dar explicaciones sobre los micrófonos descubiertos en la celda del empresario Alberto Youssef, uno de los principales delatores de la red de corrupción por la que están siendo investigados medio centenar de políticos, la mayoría de la base aliada del Gobierno de Rousseff.
El titular de Justicia consideró «gravísimas» las escuchas ilegales y precisó que los responsables de esta acción, una vez conocida su autoría, «deberán ser castigados».
Cardozo negó que el Gobierno interfiera en las investigaciones de la Policía, las cuales dijo son «independientes», y recalcó que la presidenta Rousseff «ofrece autonomía a las instituciones para proceder contra la corrupción».
En este sentido, el ministro respaldó las medidas adoptadas en los últimos años por el Gobierno para combatir la corrupción, pero volvió a defender un cambio en el sistema político brasileño para terminar con una lacra, que, a su juicio, comenzó siglos atrás en Brasil.
El escándalo de corrupción en el seno de Petrobras se investiga desde hace un año y medio y por él están detenidos una veintena de empresarios y algunos dirigentes políticos, como el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari.
Según la Policía, las empresas privadas implicadas en el caso obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios y repartían las diferencias entre algunos directores de la petrolera y los políticos que amparaban esas irregularidades.
La víspera la Corte Suprema de Brasil dio el primer paso en la investigación que abrió contra 49 políticos con foro privilegiado, entre ellos el expresidente brasileño y Fernando Collor, cuyas residencias y oficinas fueron allanadas por la Policía en búsqueda de pruebas.
Una de las propiedades de Collor allanada el martes fue la Casa da Dinda, una lujosa residencia que el expresidente habitó cuando era jefe de Estado y que se hizo famosa durante las investigaciones por corrupción que finalmente lo obligaron a renunciar al mandato en 1992.