Brasilia, 14 ago (EFE).- El relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, concluyó hoy una serie de visitas a cárceles de Brasil, en las que dijo haber constatado que los malos tratos son una práctica «generalizada», agravada con el hacinamiento, la pésima comida y una atención médica deficitaria.
«Las formas más usadas de tortura», que son «generalizadas» y un mal «arraigado» en el sistema penitenciario del país, son «golpes con bastones, descargas eléctricas o la asfixia», mediante el uso de bolsas de plástico, señaló Méndez en una rueda de prensa.
«El uso de gas pimienta, de gases lacrimógenos, de bombas de estruendo o balas de goma también es frecuente» en las cárceles de Brasil, en las que los guardias «utilizan armamento pesado, como fusiles o escopetas», señaló el funcionario argentino de la ONU.
Méndez dijo haber «observado con preocupación la ausencia de unas políticas fuertes para lidiar con los casos de tortura», lo que le lleva a temer que «esa situación se perpetúe o que incluso aumente, tanto en cantidad como en gravedad».
También indicó que, según testimonios de presos y documentación recogida en su visita de doce días a penales del país, los torturadores gozan de una absoluta «impunidad» y aclaró al respecto que no obtuvo información sobre «una sola condena» por esos delitos.
Asimismo, Méndez explicó que las condiciones generales de la gran mayoría de los presidios que visitó son «degradantes e inhumanas» y que en todos hay superpoblación, con el consecuente hacinamiento.
«Las prisiones son absolutamente insalubres», en muchos casos los alimentos no tienen «ni aspecto ni olor de comida» y en ninguna de ellas los médicos cumplen guardias permanentes, sino que «van una o dos veces por semana», indicó el funcionario de la ONU.
Méndez mencionó como ejemplo que una de las prisiones visitadas tiene capacidad para 800 reclusos, pero alberga hoy a unos 2.200.
«Eso genera unas situaciones caóticas dentro de los presidios, con un gran impacto en las condiciones de vida de los detenidos», que no tienen la debida atención «médica, psicológica o social, ni oportunidades de trabajo y estudio» o, en muchos casos, de disfrutar «del sol, el aire fresco o alguna recreación», apuntó.
Más allá de las propias condiciones de los penales y el maltrato de los prisioneros, Méndez también fue crítico con la lentitud del poder judicial, que hace que un detenido demore hasta seis meses en prestar su primera declaración ante un juez.
Según el funcionario de la ONU, la mayoría de los presos en los penales que visitó estaban acusados de tráfico de drogas y «la mayor parte de ellos eran pequeños narcotraficantes o consumidores, porque verdaderos capos en prisión hay muy pocos».
Uno de los aspectos positivos que Méndez registró en su visita a Brasil fue el «pleno y absoluto acceso» que las autoridades del país le han dado a las cárceles, en las que tuvo oportunidad de conversar con los presos sin ningún tipo de restricciones.
El relator recorrió penales de los estados de Sao Paulo, Sergipe, Maranhao y Alagoas y en todos los casos hizo visitas no anunciadas a comisarías, centros de detención de menores y prisiones.
El resultado de su visita será volcado en un informe que deberá presentar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo del año próximo.