Por Verónica GOYZUETA. São Paulo

La situación política en Brasil es tan incierta que lo habitual, al preguntar por el futuro, es que la gente evite anticipar escenarios  con un seco: “No tengo la bola de cristal». El resultado de lo que puede pasar en las próximas semanas parece más un juego de fútbol que de ajedrez. La mejor estrategia puede anularse con un sorprendente gol sin saber de donde vino. Abril puede ser decisivo para saber si Dilma Rousseff seguirá al frente de su Gobierno o se irá en seis meses, dejando a su vicepresidente al mando, mientras se define su juicio político en el Senado y el PMDB le da la espalda.

Con el país dividido a favor y en contra de la destitución de la mandataria, es raro que alguien no coincida y reconozca, a estas alturas, la falta de habilidad política de Rousseff para manejarse en un sistema que exige negociaciones complejas y, especialmente, anti éticas.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, en reunión de Cámara

La principal prueba de ello es que su juicio en el Congreso fue convocado por un reo de la Justicia, el presidente de la Cámara Eduardo Cunha, que inició el proceso de destitución para desviar las luces sobre sus crímenes. Cunha era su aliado en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y se convirtió en su enemigo número uno cuando comenzó a ser investigado por cuentas no declaradas en Suiza, desviar fondos públicos y recibir soborno en el escándalo de Petrobras.

En la comisión que juzgará la defensa de Rousseff, 16 de los 65 diputados son investigados por la Corte Suprema, la mayoría por corrupción. Entre ellos se destaca Paulo Maluf, ex alcalde de São Paulo famoso por el lema: “Roba, pero hace”, que lo convirtió en el símbolo de una práctica común entre políticos brasileños, de hacer grandes obras públicas con desvío de fondos.

Con la operación lavacoches (Lava jato), que investiga desvíos de fondos en Petrobras, ha emergido este sistema de corrupción. El camino es conocidos, a través de obras y constructoras que, por su parte, financian las campañas electorales políticos de todos los partidos. Es un modelo que funciona hace décadas y que era conocido, pero que nunca había sido probado tan claramente con papeles que ahora están en internet.

Documentos de la constructora Odebrecht revelados hace unos días por los investigadores contienen una lista de políticos que habrían recibido dinero, incluso algunos que parecían libres de sospecha. El nombre de Rousseff no aparece en esa lista ni en ningún otro documento en análisis. En el caso de Petrobras pesa el hecho que su participación en el Consejo de la empresa durante los años investigados, pero a su lado constan algunos notables que no están siendo juzgados.

Rousseff, sin embargo, no está en tela de juicio por Petrobras, sino por una maniobra en las cuentas de 2014, cuando dejó de pagar el equivalente a US$ 11 mil millones a los bancos públicos que dan créditos subsidiados al sector productivo. Según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la práctica es común y ya fue vista en gobiernos anteriores, pero ese argumento tal vez no baste para salvarla de un proceso en que incluso sus aliados ya le dan la espalda. Por otro lado, la Constitución prevé que el juicio debe corresponder al mandato vigente y no a cuentas del anterior, que sería el caso.

En declaraciones a corresponsales extranjeros, el Abogado General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, sostiene que los motivos presentados no configuran “crimen de responsabilidad” y que esas cuentas aún están siendo analizadas por el TCU. Según el Gobierno, la maniobra financiera es legal y los atrasos están previstos en los contratos con los bancos. “Estamos convencidos de que se trata de una cuestión retórica”, dice Cardozo, para quien no hay motivo para un Impeachment según la legislación y la Constitución.

Ese sería el motivo para que sectores de la izquierda y juristas de prestigio apunten un “golpe institucional”. No habría, según esa posición, motivos para derribar un Gobierno electo democráticamente apenas porque la economía va mal o porque Rousseff es extremamente impopular en las encuestas, para eso está la próxima elección, en 2018. En la Corte Suprema, donde el proceso puede definirse, los ministros tienden a ser más técnicos. “La Corte no oye la voz de las calles, oye la voz de la Constitución”, declaró la ministra Carmen Lucia, una de las más respetadas en ese foro.

Mientras tanto, Rousseff y su equipo tratan de tapar los huecos del barco para no hundirse y conseguir 171 votos, un tercio en la Cámara que evite su naufragio definitivo, algo que hace un par de semanas parecía simple y ahora, quizás, una utopía. Como me comentó un analista político, el Partido de los Trabajadores (PT), el más importante del país, le da a Rousseff el respaldo que no tenía Fernando Collor, cuando cayó tras tres meses de presiones. Eso quiere decir que si el barco de Rousseff hace aguas puede arrastrar a muchos con ella en el remolino.

El vicepresidente Michel Temer, del ex aliado PMDB, tendrá que calcular el riesgo de gobernar sin el apoyo del PT si es, finalmente, el reemplazante de Dilma. En ese caso, tendrá que hacer muchas cuentas hasta el día de la votación, una operación difícil de cerrar y más ahora que la calle alza su voz y le señala como… un corrupto más.