Brasilia, 12 ago (EFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) amplió hoy, en quince días más, el plazo para que el Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, explique el supuesto «maquillaje» del informe de prestación contable de 2014.
De acuerdo con el TCU, entre 2013 y 2014 el Gobierno atrasó «sistemáticamente» el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), explicó en su momento el TCU, que calcula en más de 40.000 millones de reales (unos 12.919 millones de dólares) la cifra «sacada» por el Gobierno de las cuentas de los bancos públicas.
El pasado 17 de junio, el TCU decidió aplazar por 30 días el análisis de las cuentas hasta que el Gobierno diera respuesta a trece puntos cuestionados, entre ellos el de reducir el corte de gastos en octubre del año pasado, mes en el que se celebraron las elecciones presidenciales, legislativas y regionales.
El informe con las explicaciones de las llamadas «pedaladas fiscales» (maquillaje fiscal) había sido entregado el último 22 de julio al TCU por el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams.
El plazo comenzará a contar a partir de la notificación oficial por parte del TCU a la presidenta Rousseff.
El relator del proceso, el magistrado Augusto Nardes, había sugerido un plazo sólo de diez días, pero lo amplió a quince atendiendo una sugerencia de otros miembros del TCU ante un pedido de mayor prórroga solicitado por el senador Otto Alencar.
Para el legislador, existen «nuevos hechos» que deberán ser aclarados por el Ejecutivo.
En el informe de explicaciones, Adams entregó un portafolio con más de 1.000 páginas, 110 aclaraciones y 900 anexos, que están siendo analizados con carácter de «urgencia», pero sin fecha prevista de conclusión, por parte de un equipo técnico del TCU, antes de ser remitido al Congreso para su aprobación o rechazo.
El Gobierno siempre ha alegado que los atrasos del envío de recursos a los bancos públicos es un «procedimiento común» que ya había sido adoptado por los entonces presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-20109), los antecesores de Rousseff.
Con la ampliación del plazo, el Gobierno toma respiro y gana tiempo para que la presión del TCU por la prestación de cuentas no coincida con las marchas previstas para el domingo, promovidas por la oposición, que piden un juicio político contra Rousseff a raíz del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras.
Rousseff, en niveles mínimos de popularidad, enfrenta una severa crisis política con la base aliada dividida en el Congreso; el escándalo de Petrobras, que salpica a políticos en su mayoría oficialistas, y una economía frágil, con proyecciones de contracción del 1,5 % en este año y una inflación fuera de control.