miércoles, 9 de diciembre de 2015
Unas 5.000 personas rechazan en Río trámite con miras destitución de Rousseff

Río de Janeiro, 8 dic (EFE).- Unas 5.000 personas se reunieron hoy en Río de Janeiro para pedir que se ponga fin al proceso con vistas a un posible juicio político contra la presidenta Dilma Roussef, según fuentes organizadoras del acto.
Entre las fuerzas sindicales encargadas de organizar este encuentro, destacaba la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor unión sindical del país y tradicional aliada del Partido de los Trabajadores (PT) del que forma parte la propia Rousseff.
El presidente de la CUT en Río de Janeiro, Marcelo Rodrigues, explicó hoy en declaraciones a Efe que con esta manifestación los presentes querían reclamar que «las urnas son soberanas», y pedir que «los diputados y senadores voten contra el proceso», ya que la elección de Rousseff formó «parte del régimen democrático» y se ha de respetar.
«Necesitamos (en referencia a los trabajadores) tener más inversión, necesitamos que el gobierno invierta de verdad y deje de poner trabas a las inversiones para generar empleo», añadió, al mismo tiempo que recordaba que con este proceso «están dirigiendo» la política «aquellos que perdieron las elecciones».
En las pancartas de los asistentes se podían ver emblemas de otras organizaciones sindicales además de la CUT, como los de la Central de Trabajadores de Brasil (CTB), la Unión General de los Trabajadores (UGT) y la Fuerza Sindical.
Entre los gritos de los asistentes se escuchaban peticiones de destitución de Eduardo Cunha, quien como presidente de la Cámara de los Diputados autorizó iniciar los trámites que pueden llevar a un juicio político contra Rousseff.
El Congreso brasileño puso en marcha hoy el complejo proceso con vistas al posible juicio.
Los cargos contra la mandataria se fundamentan en maniobras fiscales que el Gobierno hizo en 2014 y continuó en 2015 para maquillar sus resultados, las cuales han sido calificadas por la oposición como «delitos de responsabilidad», una de las causas que la Constitución contempla como motivo para la destitución de un mandatario.