Christian CAO, para SudaméricaHoy

¿Qué tienen hoy en común Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil y Venezuela?

Los 5 países presentan conflictos institucionales de dimensiones impredecibles.

Gran parte del cono sur se encuentra convulsionado, y lo asombroso del caso es la dinámica que el proceso experimentó, alimentado -por qué no- en forma secuencial ante cada uno de los eventos.

Si hasta hace pocos días Argentina se erigía como el escenario más crítico en la región -descontando el caso Venezuela-, aquel país junto a Uruguay pueden hoy ser envidiablemente destacados por su presunta estabilidad política. El efecto crítico de contagio, sin embargo, está más cerca de lo que puede parecer.  

En todas las realidades se observa un descontento por una buena parte de la sociedad que pone en jaque el normal desarrollo institucional, y que a su vez no reconoce su origen en términos exclusivamente socioeconómicos.

Veamos con detalle.

Los índices de distribución de riqueza y crecimiento económico eran auspiciosos, por ejemplo en Bolivia (CEPAL-ONU, Panorama Social de América Latina 2018), pero no tan favorables en Chile. Sin embargo, los dos países presentan dramáticos estallidos sociales manifestados en sus calles.

En la misma línea de razonamiento, la grieta ocasionada por el encarcelamiento y la posterior liberación de un expresidente en Brasil se diferencia diametralmente de la crisis humanitaria que vive Venezuela, un país dividido por mitades que se desangra con la huída desesperada de refugiados.

Las causas de los conflictos son evidentemente diferentes, pero la búsqueda de solución por una parte de las manifestaciones apunta a un mismo sentido: el quiebre (o auto quiebre) de las instituciones públicas.

En esa línea, las jóvenes democracias latinoamericanas viven una nueva prueba de fuego desde su retorno en los 80, pero esta vez de manera generalizada.

El panorama es incierto y, por su vorágine, también opaco, por lo que resulta importante dejar en claro algunas posiciones irrenunciables en pos del mantenimiento del orden institucional y la vigencia de los derechos fundamentales.

Acerco aquí algunas pautas extraídas de la experiencia recogida en la constante construcción de las democracias latinoamericanas y que buscan garantizar el mantenimiento del Estado constitucional de derecho.  

1. La solución al conflicto siempre debe transitar por el camino institucional –con énfasis en su andamiaje constitucional- y el sostenimiento de las autoridades públicas elegidas democráticamente. Es la regla de oro, inviolable.
2. Se debe condenar todo golpe –o intento- a los poderes constituidos por parte de otros factores de poder, y las fuerzas armadas y de seguridad deben permanecer alineadas al orden constitucional de manera irrestricta. El monopolio de la violencia sigue en cabeza del Estado y nunca puede cobrar vida propia.
3. El poder legítimo y originariamente democrático –se sabe- puede también corromper el orden institucional en términos de quebrantamiento de las reglas y ansias de perpetuidad en el poder. Ante eso la garantía de la división de poderes busca limitar  el exceso y ser el guardián de la constitución.
   Los errores graves no forzados cometidos por los gobiernos en las jóvenes democracias se pagan muy caro y rara vez son exitosamente subsanables por quienes lo ocasionan. 
4. Ante la hipótesis de disolución de la división de poderes y la ausencia o fracaso de mecanismos institucionales sólidos que frenen el avasallamiento estaremos ante la mutación del Estado de derecho a un régimen autoritario mediante una ruptura auto infligida. Aquí cobran trascendencia los aportes que pudieran realizar los organismos supranacionales y el derecho internacional en el auxilio para el restablecimiento del orden perdido: ante todo la negociación pacífica pero firme. Volveré más adelante sobre esto.
5. La respuesta más apropiada al conflicto –padecido o auto infligido- se debe traducir en la inmediata convocatoria a elecciones libres, transparentes y competitivas para las autoridades públicas nacionales. El despliegue del acto electoral no puede quedar exclusivamente en manos de quienes precisamente han atentado contra el orden institucional, por lo cual se recomienda la intervención de todos los actores políticos y la supervisión de auditores de intachable prestigio interno (por ejemplo, universidades y comunidades científicas de rigor) y externos (por ejemplo, organismos internacionales de derechos humanos). Llegado a este punto, alguien debe ceder: ahora le corresponde a quien se equivocó, es decir, a quién pervirtió el ejercicio del poder que legítimamente se le había confiado.
6. Debe quedar en claro que el avance del status quo quebrado conlleva a la inestabilidad política ocasionando divisiones sociales de lógica binaria: la mayor parte de la ciudadanía estará de uno o de otro lado del dilema. Evitemos la carrera en la que un sector doblega al otro. La consecuencia directa de la consolidación de la crisis repercute en el menoscabo de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, con tendencia a desembocar en crisis humanitarias. Venezuela es una clara expresión del caso.
7. En términos de procedimiento, el encause del conflicto debe garantizar, al menos, los siguientes consensos:
8. Negociación y acuerdos permanentes en cada una de las decisiones. El canal de comunicación político de los acuerdos debe permanecer abierto en todo momento y dar garantías de transparencia y participación en las resoluciones. Pequeños y claros pasos, grandes soluciones.
9. La exclusión de la imposición de la fuerza coactiva –fuerzas armadas o de seguridad- por parte de quien la controla como mecanismo de solución de las controversias que surgieran en el abordaje del conflicto. Es saludable que los desacuerdos cuenten con soluciones arbitrales, preferentemente con asistencia externa. A esta altura del conflicto el ejercicio de la fuerza sólo lo potencia.
10. En el Siglo XXI, y en un mundo globalizado y regionalmente integrado, las crisis de esta naturaleza conducen a que los sectores en pugna busquen alinearse con alguna de las principales tendencias internacionales en busca de apoyo y supervivencia. Muy pocos países tienen la capacidad de subsistir exitosamente en forma aislada. Hoy el menú presenta pocas opciones: el mundo libre, democrático y respetuoso de los derechos fundamentales, o los regímenes autoritarios y opresivos. Ingresar al club es sencillo, salir indemne no tanto. La alternativa restante es la caída del Estado fallido en manos de la criminalidad organizada, siempre predispuesta a fijar sus propias reglas de juego.

                  En síntesis, los conflictos que experimentan numerosos países de América Latina obligan a recordar los clásicos principios democráticos que resultaron exitosos y a la vez idear novedosas soluciones que consideren circunstancias impensables en los años ´80 –por ejemplo los efectos de las tecnologías y redes de comunicaciones- y escenarios inexistentes en los ´90 –por ejemplo el papel de los reagrupamientos regionales-, nunca antes vividas.

Pero esto se lo debe hacer rápido. Los desencadenamientos de las crisis de hoy no dan demasiado tiempo para la contemplación.