Santiago de Chile, 14 jul (EFE).- Los familiares de Manuel Guerrero, Manuel Parada y Santiago Natino, militantes comunistas degollados por agentes de la dictadura chilena en 1985, aseguraron hoy que recurrirán a la Corte Suprema por la excarcelación concedida a dos de los agentes condenados por los crímenes.
Fernando Leal, abogado de las familias de las víctimas del denominado «caso degollados», explicó a los periodistas que los beneficiados son los agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Miguel Muñoz Uribe y Alejandro Sáez Mardones, a quienes la Octava Sala de la Corte de Apelaciones concedió la libertad condicional.
Leal calificó el fallo de «una vergüenza» y confirmó que será apelado por los familiares de las víctimas, quienes tienen plazo hasta el viernes próximo para presentar un recurso ante el máximo tribunal del país sobre el beneficio otorgado a los exagentes, qie estaban condenadas a cadena perpetua.
En el antiguo sistema procesal chileno, un condenado a perpetua podía pedir beneficios penitenciarios, como salidas dominicales, reclusión nocturna o libertad condicional, tras haber cumplido 20 años de reclusión efectiva.
En marzo de 1985 se conoció en Chile el secuestro y brutal degollamiento por parte de los agentes de Carabineros de los tres miembros del Partido Comunista (PC) chileno, un sociólogo, un profesor y un artista gráfico.
El crimen provocó indignación en el país y el juez especial José Cánovas, designado para investigar el triple homicidio logró esclarecer el caso y ordenó la detención de ocho oficiales de Carabineros, incluidos dos coroneles, aunque posteriormente la cantidad de inculpados subió a una quincena.
Asimismo, en agosto de 1985 el general César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, dimitió a su cargo y finalmente la Dicomcar fue disuelta.
En 1994, y tras una exhaustiva investigación, el juez especial Milton Juica, que reemplazó al ya fallecido Cánovas, dictó 15 sentencias, entre ellas cinco cadenas perpetuas contra los imputados.
El abogado Leal precisó este martes que «vamos a apelar porque creemos que el actuar de la Octava Sala (de la Corte de Apelaciones) deja mucho que desear».
Agregó que en caso de no prosperar la apelación van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos «para que el Estado de Chile sea sancionado».
Explicó que en el caso de Sáez Mardones, no es posible que se le otorguen beneficios «porque incluso un informe psicológico no recomienda el medio libre para su rehabilitación».
Ello, porque según se establece en el documento, el condenado no tiene conciencia del delito y del mal causado, por lo que difícilmente pueda tener una favorable reinserción.
También en este caso, los excarabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, gozan desde el 2012 de quince horas diarias de libertad, fuera del penal de Punta Peuco, donde están recluidos todos los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).
Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.