Santiago de Chile, 12 ago (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos, instancia que deberá promover la sanción y reparación de los casos de crímenes de lesa humanidad en este país.
Este nuevo articulado, aprobado por unanimidad, ahora buscará ser ratificado también en la cámara del Senado.
La subsecretaría de Derechos Humanos tendrá como tareas principales asesorar y cooperar en la elaboración de planes, programas y decisiones vinculadas a la promoción y protección de estas normas fundamentales.
Además, pretende instaurar un Comité Interministerial de derechos humanos, constituido por los jefes de varios ministerios.
Ellos deberán asesorar al presidente de la República en la fijación de líneas de políticas intersectoriales en materia de derechos humanos.
Asimismo, tendrá un estrecho trabajo con el ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto al «procedimiento ante los tribunales y órganos internacionales en este tema, y en ejercicio de esta función, colaborar con las respuestas o informes que se presenten a nombre del Estado de Chile».
De esta forma la subsecretaría podrá contribuir también en «la ejecución de resoluciones, recomendaciones, medidas cautelares y provisionales; y en la adopción de acuerdos amistosos frente a resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos», según el articulado.
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, detalló en el sitio web de la Cámara de Diputados, que dentro de las prioridades de la futura subsecretaría estará elaborar un «Plan Nacional de Derechos Humanos».
Esta propuesta «no solo considera las prioridades sectoriales e intersectoriales y de política exterior, sino también, la opinión de la sociedad civil expresada en instancias previstas por la Subsecretaría, como asimismo, los informes y propuestas recomendadas por el Instituto de Derechos Humanos», apostilló.
Blanco especificó que «el proyecto identifica objetivos que deberán ser abordados de forma preferente y prioritario, tales como promover la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad y preservar la memoria histórica de la violación de los derechos humanos».
«También promover la reparación de los casos de violación de derechos humanos; responder a las necesidades y requerimientos de grupos en situación de discriminación dentro de la sociedad nacional y promover la formación y educación de los derechos humanos en los distintos niveles de enseñanza», finalizó.
El proyecto de ley fue ingresado en 2012 al Congreso Nacional durante la administración de Sebastián Piñera (2010-2014), fue reimpulsado en octubre de 2014 por la presidenta Michelle Bachelet, en el contexto de la agenda que busca impulsar su Gobierno en esta materia.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.