Santiago de Chile, 13 jul (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó hoy que es «por el bienestar de las familias» que tomo la decisión de ralentizar su programa de gobierno, en el marco del menor crecimiento económico que se espera este año en el país.
«Yo quiero ser bastante clara al respecto, soy presidenta nuevamente de Chile porque mi prioridad y mi compromiso son las personas», subrayó Bachelet durante la promulgación de una ley que establece una cuenta pública anual a los presidentes de ambas cámaras del Congreso.
El pasado viernes, prometiendo «realismo sin renuncia» la mandataria chilena anunció que dará prioridad a algunos de sus compromisos y dará gradualidad a otros, en lo que llamó «el segundo tiempo de su mandato».
Bachelet reconoció ese día que la administración del Estado no estaba preparara para implementar varias reformas importantes de forma simultánea, aunque aseguró que las modificaciones no significar olvidar sus compromisos.
La gobernante hizo los anuncios tras una importante caída de su popularidad a raíz de casos de corrupción política que son investigados por la Justicia y de que el gobierno recortara desde un 3,6 a un 2,5 % su proyección de crecimiento económico en 2015.
El anuncio ha generado rechazos y dudas en diversos sectores políticos, gremiales y sociales involucrados en las reformas que ha impulsado la mandataria, principalmente las referidas al sistema educativo y a las normas laborales.
«Lo que más importa hoy es el bienestar de las familias, que cuenten con más derechos, que puedan acceder cada vez a más y mejores oportunidades para tener una vida mejor, y para eso vamos a trabajar sin descanso», aseveró hoy la mandataria.
Respecto de la ley promulgada este lunes, Bachelet la describió como «un paso importante en el camino de la recuperación de la fe pública, de la transparencia, de la legitimidad de nuestra democracia y del derecho a las personas a informarse de lo que hacen sus representantes y autoridades».
La iniciativa, aprobada por el Legislativo el pasado 30 de junio, obliga a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados a rendir una cuenta pública de su gestión el 4 de julio de cada año.
Establece además que cada parlamentario deberá dar cuenta a sus electores de las labores legislativas y representativas que han efectuado en su respectiva circunscripción o distrito.
«Quienes ejercemos funciones públicas sólo superaremos los cuestionamientos que se han puesto sobre nosotros y sobre la política en general con un compromiso genuino con la responsabilidad y la probidad, demostrando en los hechos que nos mueve la vocación de servir a nuestra patria y no intereses personales», subrayó Bachelet.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, comentó en tanto que «la realidad política nos exige un diálogo con todos los sectores para concordar la agenda legislativa, medidas de crecimiento económico y explorar los acuerdos para hacer sustentables las reformas prioritarias en este segundo tiempo de gobierno».
Su par del Senado, Patricio Walker, dijo que la cuenta pública incluirá los principales hitos y avances legislativos, en la eficacia legislativa, administrativa y en la modernización y anunció que se fortalecerán las comisiones de ética y auditoría interna del Legislativo.