Santiago de Chile, 2 nov (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó hoy y envió al Legislativo el proyecto que desvincula la administración de la educación de los municipios, sistema introducido en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Con esta medida, el Gobierno de Chile pretende devolver al Estado «la responsabilidad de administrar la educación pública para asegurar que ésta sea de calidad», explicó Bachelet durante el acto de firma, en el Palacio de La Moneda.
La administración de la educación, que hasta 1986 dependía del Ministerio de Educación de Chile, fue traspasada a los municipios en los cuales estaban ubicados los centros.
En ese entonces las razones esgrimidas para iniciar dicho proceso fueron variadas pero la principal de ellas fue la descentralización del servicio educativo fiscal, que a partir de entonces se asignó a los municipios.
Ello propició que los municipios rurales, con pocos recursos, tuvieran dificultades para financiar los centros docentes y su profesorado, lo que impactó directamente en su nivel educativo.
Asimismo, desde ese entonces el Estado pagó a las escuelas de acuerdo a la asistencia de los alumnos, lo que también jugó a la contra de los municipios rurales, donde con cierta frecuencia los alumnos faltan a clase para ayudar a su familia en las tareas del campo.
La municipalización de la enseñanza dio además origen a los colegios particulares subvencionados, pertenecientes a empresarios que recibían directamente la subvención estatal y que en muchos casos se transformaron en pingües negocios para sus propietarios, que además comenzaron a cobrar copagos a los padres de los alumnos.
La reforma educativa de Bachelet no termina con estos establecimientos, pero contiene mecanismos para impedir el lucro; los propietarios pueden optar entre acogerse a las nuevas normas o transformarse en particulares pagados.
Durante la ceremonia realizada este lunes en el Palacio de La Moneda, sede presidencial del Gobierno, Bachelet destacó que la iniciativa completará la «construcción institucional de un sistema educativo justo, inclusivo y de calidad».
«Con el envío al Congreso de este proyecto de ley, estamos forjando la última gran pieza de la reforma que estamos impulsando en el nivel escolar», añadió Bachelet, tras recordar el «gran paso» que se dio el año pasado con la aprobación de la Ley de Inclusión y el inicio de la tramitación de la nueva Política Nacional Docente.
En eso contexto, la mandataria subrayó que una vez se apruebe la ley la calidad de las escuelas y liceos dejará de depender de «cómo le vaya a cada municipio», para convertirse en responsabilidad de todo el país.
«Entre todos vamos a dar el soporte necesario para garantizar que en cada rincón de Chile exista una propuesta de calidad», agregó la presidenta quien recordó que la educación es un «derecho común para todos los ciudadanos».
La iniciativa creará una Dirección Nacional de Educación Pública que será la encargada de coordinar y supervisar la red estatal de educación y que se subdividirá en 67 servicios locales, encargados de la gestión territorial.
Dichas direcciones liberarán a las escuelas de sus actuales obligaciones de gestión administrativa, para poder centrarse en los procesos educativos y velarán para que existan las condiciones y recursos que garanticen la seguridad y calidad de la educación de las escuelas.