Santiago de Chile, 30 jul (EFE).- La reapertura judicial del caso de dos jóvenes que fueron quemados por militares en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, por que hoy fueron procesados otros cinco exmilitares, ha reflotado el debate sobre el secreto de 50 años que pesa sobre un informe que documenta casos de tortura.
El Informe Valech, dado a conocer en 2004 durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), dio cuenta de 33.000 casos de personas torturadas o encarceladas por razones políticas durante la dictadura (1973-1990).
En ese momento se estableció que el contenido del informe sería confidencial durante medio siglo para preservar la identidad de las víctimas que dieron información sobre sus verdugos.
Pero la reapertura del «caso Quemados», con la detención y procesamiento de un total de doce exmilitares, ha puesto sobre el tapete la posibilidad de levantar el secreto para obtener nueva información sobre las violaciones a los derechos humanos.
Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió a las graves quemaduras que sufrió en el ataque de los militares en 1986, se reunió este jueves con la presidenta, Michelle Bachelet, y le solicitó que se levante el secreto que pesa sobre el Informe Valech y que los uniformados involucrados en violaciones a los derechos humanos pierdan sus grados castrenses.
«La presidenta quedó muy seriamente comprometida a estudiar estos temas, así que salgo muy contenta y esperando que haya prontamente actos y gestos concretos que apunten a la verdad, a la justicia», afirmó Quintana.
Bachelet, en tanto, evitó referirse directamente al Informe Valech pero subrayó que Chile «necesita saber lo que sucedió» en esa época.
«Necesita no quedar en la oscuridad, poder conocer la verdad», señaló la mandataria, quien agregó que el Gobierno «va a trabajar incansablemente para que podamos remover esa oscuridad y conocer la verdad».
La posibilidad de difundir el contenido del Informe Valech cuenta con el respaldo de las agrupaciones de víctimas de la dictadura y de algunos sectores oficialistas, mientras que la oposición conservadora se opone.
Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en tanto, convocaron para el próximo lunes una reunión con parlamentarios de todos los sectores políticos para discutir el tema.
El portavoz del Gobierno, Marcelo Díaz, se mostró esta semana dispuesto a levantar el secreto del documento, aunque subrayó que para ello se debería contar con el permiso de todas las personas que dieron su testimonio en el informe.
En la arista judicial del «caso Quemados», el juez Mario Carroza procesó hoy a los cinco exmilitares que fueron detenidos el lunes pasado por su participación en los hechos.
Los cinco se suman a otros siete que fueron procesados el viernes de la semana pasada, y como el resto están imputados por el homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas, que murió por las quemaduras, y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, según informó el juez.
Los nuevos procesados son el exoficial Pedro Fernández Dittus, que comandaba la patrulla que atacó a los jóvenes, Leonardo Riquelme, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco Rivas.
Los cuatro primeros quedarán en prisión preventiva junto a los siete anteriores, mientras Franco Rivas, un exrecluta que ha colaborado con la investigación, quedó sólo con arresto domiciliario nocturno.
La opinión pública siempre vio a Fernández Dittus como el principal responsable del ataque, pero según el exrecluta Fernando Guzmán, cuyo testimonio posibilitó la reapertura del caso, el verdadero culpable fue Julio Castañer, otro teniente que después llegó hasta el grado de coronel.
Rodrigo Rojas, que entonces tenía 19 años, y Carmen Gloria Quintana, que tenía 18, fueron detenidos por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 en un barrio de Santiago, rociados con gasolina y quemados.
Después los soldados los llevaron a las afueras de la ciudad y los arrojaron a una zanja junto a un camino rural, de la que lograron salir unas horas después y pedir ayuda, aunque Rojas falleció unos días después.