Santiago de Chile, 23 dic (EFE).- El comandante en jefe del ejército de Chile dijo hoy que «no defenderá delincuentes», en el marco de la desaparición de varios millones de dólares de las arcas del Ejército a través de facturas adulteradas.
El general Humberto Oviedo asistió este miércoles a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para prestar su testimonio y esclarecer un desfalco de 30.348.946 pesos (unos 43 mil dólares).
«No he venido aquí a dar explicaciones para justificar actos ilícitos, ni a defender delincuentes», señaló Oviedo, quien calificó los hechos como «repudiables».
El militar agregó que a través del sumario interno se espera detectar las fallas en el control dentro del Ejército para que no se repitan los hechos ocurridos con el excoronel Guillermo Oliver Pinto, quien resultó responsable del fraude y fue dado de baja este martes.
El imputado fue separado del servicio, se inició una investigación en su contra y quedó a disposición de la Fiscalía Militar.
«Es raro que una persona de un grado inferior haga gastos excesivos, que no tienen relación con su sueldo y nosotros no podamos saber qué pasa con él», detalló Oviedo.
Tras su intervención en la comisión investigadora, Oviedo no descartó que hayan más miembros de la institución implicados y sentenció que «ojalá se esclarezcan todas las responsabilidades, no importa si sean generales, coroneles o cabos, no pueden haber delincuentes en el Ejército».
Por su parte, el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien también participó de la sesión, declaró que «hay criminales al interior de la institución que ya han sido despedidos y si es necesario seguir la investigación a fondo así se va a hacer».
La comisión que estudia el caso está compuesta por 13 diputados y cuenta con 120 días para investigar el caso y emitir un informe.
Según las revelaciones del semanal satírico The Clinic, a mediados de octubre pasado, el fraude de los militares superaría los 2.000 millones de pesos chilenos (unos 2,9 millones de dólares).
La información denunció la desaparición de varios millones de dólares de sus arcas a través de facturas adulteradas que se amparan en el secreto de un fondo conformado por la llamada «Ley Reservada del Cobre».
De acuerdo con el semanario, los desfalcos habrían comenzado en 2010, durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y continuaron hasta marzo de 2014.
Actualmente se llevan a cabo dos investigaciones paralelas, una de la VI Fiscalía Militar, que escudriña entre los uniformados y otra de la fiscalía centro-Norte de Santiago, que indaga a los civiles involucrados en el escándalo militar.