miércoles, 12 de agosto de 2015
Confirman en Chile libertad a condenado por degollar a 3 comunistas en 1985

(Actualiza con declaraciones de viuda de José Manuel Parada)
Santiago de Chile/Valparaíso, 12 ago (EFE).- La Corte Suprema de Chile, ratificó hoy la libertad condicional concedida a un excarabinero condenado a cadena perpetua por el caso de tres profesionales comunistas secuestrados y degollados en 1985, durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
El excabo Alejandro Sáez Mardones es uno de los quince integrantes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) procesados y condenados por el «caso degollados», ocurrido a finale de marzo de 1985.
En un fallo dividido, la III Sala del máximo tribunal chileno confirmó una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en julio pasado concedió el beneficio a Sáez, con el argumento de que la Comisión de Libertad Condicional del mismo tribunal actuó «de forma ilegal y arbitraria» al negar en primera instancia la excarcelación a Sáez.
Según la corte, el exuniformado, condenado como autor del secuestro y asesinato del sociólogo José Manuel Parada, el profesor Manuel Guerrero y del pintor Santiago Nattino, sí cumplía con los requerimientos para optar al beneficio.
El voto disidente en la resolución de la Corte Suprema fue el de la jueza Rosa Egnem, quien consideró que el informe psicológico de Sáez «da cuenta de la permanencia en la justificación de sus acciones delictivas y ausencia en la conciencia del daño causado».
Estela Ortiz, viuda de Parada, actual directora del Consejo Nacional de la Infancia. dijo hoy en Valparaíso, sede del Congreso, que «esto nos debe avergonzar no a nosotros como víctimas sino que a toda la sociedad chilena, creo que la sociedad ha fracasado, la justicia ha fracasado y creo que es inexplicable para Chile y el mundo que haya una sala de la Corte Suprema que tome una decisión de este tipo».
«Es algo de un dolor profundo, como es posible que un país a 25 años de la dictadura, un país que ha avanzado tanto se deje en libertad a una persona que no se arrepiente, que no pide disculpas, una persona que ha cometido no solo este asesinato alevoso sino que también otros asesinatos, creo que este es el fracaso de los derechos humanos en Chile», aseveró Ortiz a Efe.
Dijo que los familiares de las tres víctimas van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Se me ha venido a la mente lo que dije en el Instituto Médico Legal (IML). Hasta cuando?. No hay derecho, esto es inaceptable junto al silencio cómplice de tantos. Construyamos un país diferente de una vez por todas», enfatizó.
En tanto, Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas, aseguró a Radio Cooperativa que les «horroriza la decisión de la Corte Suprema porque establece un antecedente muy delicado de otorgar el beneficio de libertad condicional a un ejecutor material de un crimen de lesa humanidad».
«Sáez Mardones no tiene conciencia del daño y tampoco se ha arrepentido de la justificación del delito cometido, por lo tanto para nosotros lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de denegación de Justicia», aseveró Guerrero.
Sobre esa base y al igual que Estela Ortiz, anunció que los familiares estudiarán recurrir a tribunales internacionales para que se sancione al Estado chileno por esta decisión.
Sáez ha cumplido con 22 años de su condena de presidio perpetuo, como uno de los responsables de la muerte de Parada, Nattino y Guerrero, quienes fueron secuestrados por los agentes, que posteriormente los degollaron y abandonaron los cadáveres en un camino rural en las afueras de Santiago.
Este caso se enmarca en el antiguo sistema procesal chileno, en el que un condenado a perpetua podía acceder a beneficios como la libertad condicional, salidas de la cárcel los fines de semana o diariamente, después de cumplir 20 años efectivos de prisión.
El caso causó conmoción en Chile y cuando se conoció la implicación de carabineros, gracias a la investigación del juez especial José Cánovas, renunció el jefe de la institución policial y miembro de la Junta de Gobierno, general César Mendoza.