Santiago de Chile, 8 ago – Los restos del general Manuel Contreras, el máximo represor de la dictadura de Augusto Pinochet, fueron entregados hoy a sus familiares, quienes le retiraron del hospital militar de Santiago en forma muy reservada.
En un escueto comunicado de la institución proporcionado a los periodistas, se puede leer: «En relación con el fallecimiento del paciente Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, el Hospital Militar de Santiago informa que sus restos fueron entregados a la familia, quienes lo retiraron para su sepultación correspondiente».
Sus familiares han realizado todos los trámites en la más estricta reserva y ni siquiera ha trascendido donde serán sepultados sus restos o si serán cremados.
Contreras, condenado a más de 500 años de prisión, falleció anoche a las 22:20 horas (01:20 GMT del sábado). Su estado de salud se había agravado en las últimas semanas y los médicos le habían suspendido todos los tratamientos y solo recibía paliativos para el dolor.
El exjefe de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, de 86 años, padecía desde hace años de un cáncer de colon, de hipertensión y de una diabetes que le había afectado los riñones, por lo que era dializado tres veces a la semana.
Gestor de episodios como la Operación Colombo y la Operación Cóndor, que involucraron en los años 70 y 80 a las dictaduras militares de la región en operaciones coordinadas para eliminar opositores, Contreras estaba condenado a más de 500 años de prisión en 58 sentencias definitivas y tenía otros 56 juicios que estaban en proceso con lo que posiblemente habría sumado mil años de cárcel.
Para los familiares de las víctimas de la dictadura militar (1973-1990), la muerte de Contreras «los frustra en demasía» ya que falleció como un general en retiro y no degradado como ellos lo habían solicitado el Ejército y al Ejecutivo en varias oportunidades.
Durante la dictadura de Augusto Pinoochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 aún figuran como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados o encarcelados por causas políticas.
Según organismos de derechos humanos y agrupaciones de familiares víctimas, más de la mitad de las desapariciones, ejecuciones y torturas fueron cometidas por agentes de la DINA.