(Actualiza con declaraciones de parlamentarios y sacerdote)
Santiago de Chile, 10 sep (EFE).- Dos cardenales chilenos están hoy en el ojo del huracán tras la difusión de un nuevo intercambio de correos que revelan gestiones para impedir que una víctima de abusos sexuales por parte de un influyente expárroco chileno formara parte de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores.
Los correos electrónicos, publicados este miércoles por el medio digital El Mostrador y cuya autoría no ha sido desmentida por la Iglesia chilena, revelan la intercesión de los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz para imposibilitar el nombramiento de una de las víctimas del expárroco Fernando Karadima, condenado por abusos sexuales por El Vaticano, como miembro en una institución pontificia,
En un correo enviado a Errázuriz, Ezzati intentaba disuadir al cardenal de nombrar a Juan Carlos Cruz, víctima y denunciante de los abusos de Karadima, como miembro de la Comisión Pontificia.
«Espero que (el nombramiento) no sea así, sería demasiado grave para la Iglesia de Chile. Significaría, entre otras cosas, dar crédito y avalar a una construcción que el Sr. Cruz ha construido astutamente (…). Espero que pueda hacer luz con quienes tienen responsabilidades de este nombramiento», dice el correo enviado el de 28 de junio de 2014.
Asimismo, la filtración también pone en evidencia la voluntad de ambos cardenales de paralizar la eventual designación, en 2014, del jesuita Felipe Berríos, un crítico con la jerarquía eclesiástica, como capellán de La Moneda, la sede presidencial del país austral.
«Llamé a E. Correa (Enrique, un exministro e influyente lobbista) para decirle que si el Gobierno nombrara al personaje (Felipe Berríos) capellán de La Moneda estaría armando un gran e innecesario conflicto porque te obligaría a rechazarlo, lo cual generaría serias tensiones entre el gobierno y la Iglesia», señala otro de los correos escritos por Errázuriz y dirigidos a Ezzati.
El diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, aseguró este jueves que Ezzati no está en condiciones de encabezar el Te Deum ecuménico del próximo 18 de septiembre tras conocerse el intercambio de correos.
En declaraciones a CNN Chile, Walker calificó la operación de la Iglesia católica como «lamentable».
En tanto, el periodista y el senador independiente Alejandro Guillier fue más duro en sus críticas al señalar que «francamente a la luz de lo que surgió de estos correos, pero por otros antecedentes anteriores, monseñor Ezzati debería retirarse, le haría un favor a la Iglesia Católica»
«Es impresentable todo lo que ha ocurrido» agregó Guillier quién insistió en que «el monseñor Ezzati debe irse lo antes posible».
Por su parte, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote Fernando Montes, calificó como un «descriterio» la petición de renuncia en contra de Ezzati.
«Me parece una exageración y un descriterio que por una cosa así, que yo mismo estoy expresando mis distancias, de ahí decir que el arzobispo debe renunciar al Arzobispado de Santiago, me parece ridículo, ridículo completamente. Absolutamente extremado», apostilló Montes.
Esta correspondencia sale a la luz tres días después de que el medio satírico The Clinic publicara una serie de comunicaciones del cardenal Errázuriz en los que se evidenciaba sus intentos por encubrir los delitos de Karadima, quien fue condenado por la Justicia Canónica por cometer abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995.
El Arzobispado de Santiago, que no ha negado la autoría de la correspondencia, denunció en un comunicado que la filtración de los correos electrónicos es un hecho «grave», pues «se trata de correos privados entre los dos cardenales.
Las filtraciones fueron reveladas en un momento clave del juicio contra el Arzobispado de Santiago por el Caso Karadima, que estará en fase probatoria la semana que viene cuando ambas partes deberán presentar sus testigos y pruebas definitivas.
Tres denunciantes de Karadima, cuya causa fue sobreseída por la justicia chilena por haber prescrito, están actualmente llevando a cabo un juicio civil en contra del Arzobispado de Santiago en el que demandan una indemnización de 450 millones de pesos (unos 649.350 dólares).