(Actualiza con opinión de Isabel Allende y víctimas)
Santiago de Chile, 2 ago (EFE).- El ex secretario general de la OEA José Miguel Insulza sugirió ofrecer a los militares determinados beneficios para que entreguen información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Habría que buscar una verdad recompensada, como reducción de penas, por ejemplo», afirmó el también exministro chileno de Relaciones Exteriores y del Interior en una entrevista que publica hoy el diario La Tercera, de Santiago.
Según Insulza, las violaciones a los derechos humanos «generalmente son mandadas por superiores, pero participa harta gente. Entonces, es grande la posibilidad de llegar a la verdad sobre la base de esa gente que tuvo un papel subordinado», consideró.
«Habría que buscar no una delación compensada completa, pero sí una verdad recompensada. Eso sí», añadió el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El testimonio del exrecluta Fernando Guzmán permitió hace dos semanas romper después de 29 años un pacto de silencio y reabrir judicialmente el caso de dos jóvenes que en 1986 fueron rociados con gasolina y quemados durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Doce exmilitares fueron detenidos y procesados por un juez especial por su responsabilidad en el crimen, mientras sectores políticos y organizaciones de víctimas comenzaron a abogar por el fin de los pactos de silencio que por décadas han mantenido los militares en torno a crímenes de la dictadura.
También comenzaron a demandar el levantamiento del secreto de 50 años establecido en torno al llamado «Informe Valech», que en 2004 certificó unos 33.000 casos de tortura y prisión política ocurridos durante la dictadura.
«Hubiera querido que a los cuatro o cinco años de democracia aparecieran más conscriptos (Fernando) Guzmán a decir ‘mire, yo estaba ahí cuando ocurrió esto’ «, comentó Insulza en la entrevista.
No obstante, se declaró contrario al levantamiento del secreto respecto del «Informe Valech» a fin de que los testimonios de víctimas y victimarios contenidos en el documento se utilicen con fines judiciales.
«No soy partidario de adelantar ninguna revelación de una persona que lo hizo bajo condición de secreto, a menos que ella esté formalmente de acuerdo», dijo.
«Yo no sé si es merecedor (quien aporte información) a rebaja de penas, en varios países se ha hecho. Es una forma de abrir espacios para que aquellos que tienen información, la entreguen», comentó sobre ese punto la senadora Isabel Allende, presidenta del partido Socialista.
Sobre el secreto del Informe Valech, la hija del fallecido presidente Salvador Allende arropó a su camarada de partido y dijo que «hay situaciones humillantes, vejatorias; probablemente no es fácil para una persona que entregó su testimonio que eso sea conocido por los hijos, la familia, en fin. Hay que respetarlo».
En cambio, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), consideró «casi una complicidad» ofrecer compensaciones a victimarios para que entreguen información.
«No podemos pagarles para que entreguen informaciones», añadió y afirmó que «se le miente al país cuando se dice que se estableció el secreto para proteger a las víctimas».
Varias víctimas de torturas que testimoniaron ante la Comisión Valech han señalado que nadie les preguntó si querían que sus testimonios se mantuvieran bajo reserva.
«Yo no estuve en las conversaciones que tuvieron con ellos. Entonces, no podría decir si se les dijo. Pero quedó muy claro que la Comisión Valech no era una instancia judicial, que sus declaraciones, por lo tanto, no eran judiciales, y que la privacidad de las declaraciones la tenían las personas», argumentó José Miguel Insulza.