Santiago de Chile, 14 ago (EFE).- La Justicia chilena investiga la desaparición de varios millones de dólares de las arcas del Ejército a través de facturas adulteradas que se amparan en el secreto de un fondo conformado según la llamada «ley reservada del cobre».
Entre los involucrados hasta ahora hay dos uniformados, un coronel y un cabo, que cumplen prisión preventiva en una cárcel militar y un proveedor que facilitó las facturas por compras ficticias de material bélico.
La la dio a conocer esta semana el periódico satírico «The Clinic», que asegura que los desfalcos habrían comenzado en 2010, durante el gobierno de Sebastián Piñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando comenzó el segundo mandato de Michelle Bachelet.
El año pasado, según la publicación, el comandante Ejército, Humberto Oviedo, habría confesado al entonces ministro de Defensa y actual titular del Interior, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Según dijo a los periodistas el portavoz del gobierno, Marcelo Díaz, fue Burgos quien en esa oportunidad pidió la intervención de los tribunales, del SII, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia intervención de la Comandancia en Jefe del Ejército para investigar los hechos.
Los fondos desfalcados pertenecían al Fondo reservado del Cobre, un capital destinado a la renovación de equipos y armamento con el que cuentan las fuerzas armadas desde 1958, profundizada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La norma entrega el 10 % de las ventas brutas de la estatal Corporación del Cobre (Codelco) a las instituciones castrenses para compras militares.
Tras conocerse la denuncia, diputados de distintos grupos parlamentarios exigieron explicaciones y pidieron al Ministerio de defensa que tome medidas para esclarecer los hechos.
«Me parece gravísimo, porque significa que hay corrupción en esta institución. Estos recursos están destinados para que el país enfrente una emergencia en temas de defensa de la soberanía, por lo que es inaceptable», afirmó el diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Defensa de la Cámara.
El diputado democristiano Ricardo Rincón instó en tanto al Ministerio de Defensa a instruir un sumario en el ejército para verifica los hechos y a destituir a los involucrados en el caso.
Según The Clinic, el fraude, que aún no se ha podido contabilizar económicamente pero que se estima en varios millones de dólares, fue posible gracias a la falta de revisión de facturas.
El coronel Clovis Montero, el proveedor Francisco Huincahue y el cabo Juan Carlos Cruz, quien facilitó el trámite como auxiliar contable en la Dirección de Finanzas del Ejército, se repartieron supuestamente el monto defraudado.
A comienzos 2015, el coronel Montero, que cumplía funciones en el «Comando de Apoyo a la Fuerza», presentó facturas adulteradas por un monto cercano a los 50 millones de pesos por concepto de reparaciones de vehículos militares que nunca se realizaron.
Huincahue, propietario de la Abastecedora de Repuestos Frasim LTDA., proveedor oficial del Ejército, utilizó su propia empresa para realizar un segundo desfalco.
Mientras, el cabo Cruz falsificaba la rúbrica del general Héctor Ureta, jefe de la División de Mantenimiento, o timbres institucionales en distintos comercios.
Asimismo, según The Clinic, el cabo Cruz, aficionado al juego, era cliente Platinum del casino Monticello de Santiago donde iba a diario y en el habría gastado 140 millones de pesos (unos 207.000 dólares) en sólo un mes.
En el gobierno, el portavoz Díaz subrayó que «son hechos graves que se deben investigar» y que demandan, además, «un conjunto de revisiones de los procedimientos de Contraloría y fiscalización interna por parte del Ejercito y del propio ministerio de Defensa».
«Estamos hablando de recursos del Estado que pertenecen a todos los chilenos», remarcó, mientras en el Congreso grupos parlamentarios quieren citar al general Humberto Oviedo para dar explicaciones, sin descartar la formación de una comisión investigadora especial.