Santiago de Chile, 12 ago (EFE).- El comandante en jefe del Ejército chileno, Humberto Oviedo, negó que la institución mantenga o ampare pactos de silencio respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El Ejército «no tiene ni ampara ningún pacto de silencio», subrayó Oviedo al comparecer la noche de este martes ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
El general Oviedo, que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, fue citado por la Comisión tras las confesiones del exrecluta Fernando Guzmán, que reveló datos que permitieron reabrir, después de 29 años, el juicio por el caso de dos jóvenes que fueron quemados por una patrulla militar en 1986.
Las declaraciones de Guzmán, que rompió un pacto de silencio que amparaba a los responsables del crimen, en el que murió fotógrafo Rodrigo Rojas y sobrevivió con graves heridas Carmen Gloria Quintana, llevaron a que un juez especial procesara a doce exmilitares como responsables del ataque.
Al responder a preguntas de los parlamentarios, Oviedo aseguró que el Ejército «no es heredero de ningún gobierno», en alusión a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y señaló que la institución entregará a la Justicia la información que tenga sobre los crímenes y que «hará todos los esfuerzos para que sea una información útil».
«No podría, por ética, decir y poder confirmar que nosotros albergamos pactos o amparamos pactos de silencio al Interior del Ejército», aseveró el alto oficial.
«Si alguna persona a título personal, que está en retiro, tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular y personal que permite la justicia. Pero nosotros como Ejército no tenemos pactos de silencio ni tampoco los vamos a permitir», acotó.
Afirmó además que los militares «tenemos un sólido compromiso con el tema de los derechos humanos» y que rechazan «de manera categórica todo hecho que represente la violación de los derechos humanos, que son ajenos al honor militar y a la doctrina institucional».
Según Oviedo, las autoridades del Ejército «han hecho un llamado a todos a que puedan entregar información para colaborar a la justicia, como un deber»
Respecto de la degradación de militares condenados por violaciones a los derechos humanos, Oviedo recordó que el Código de Justicia Militar la incluye como pena accesoria para los uniformados «que cometen delitos militares».
«Una persona que está en retiro no está en el Ejército y no es militar. No tiene función ni jurisdicción para poder degradarla», añadió.
La degradación de militares condenados por delitos de lesa humanidad saltó como tema de debate a raíz de la muerte, el pasado viernes, del general Manuel Contreras, el principal represor de la dictadura de Augusto Pinochet.
Aunque estaba condenado a más de 500 años de prisión por sus crímenes, Contreras murió como general, con sueldo de tal, en el hospital militar, donde permaneció ingresado desde septiembre del año pasado, acompañado de su familia.
Según agrupaciones de familiares de víctimas, Contreras se llevó a la tumba información sobre los crímenes de la DINA, la policía secreta de la dictadura, responsable de la mayoría de los 1.192 chilenos que aún figuran como detenidos desaparecidos y de más de un millar de ejecutados por agentes del Estado en ese período.