Santiago de Chile, 4 ago (EFE).- El juez especial chileno Mario Carroza citará a declarar a dos exgenerales retirados, Santiago Sinclair y Rodolfo Stange, quienes supuestamente encubrieron a los militares que rociaron con bencina y quemaron vivos a dos jóvenes en 1986 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Las diligencias fueron anunciadas este martes por Carmen Gloria Quintana, quien sobrevivió al brutal ataque que cobró la vida del fotógrafo Rodrigo Rojas, entonces de 19 años, tras declarar ante el juez Carroza en el marco del «Caso Quemados».
«El ministro accedió a todas las peticiones y van a ser citados oportunamente», señaló Quintana a los periodistas.
Según la sobreviviente, los exgenerales deberán aclarar su participación en el encubrimiento de este caso, puesto que hace unos días el Gobierno estadounidenses desclasificó documentos que revelan que ese ocultamiento duró casi tres décadas e incluyó el secuestro e intimidación de testigos, así como la presión sobre jueces y abogados chilenos.
Los desclasificados del Departamento de Estado de EE.UU. aseguran que sólo cinco días después de la muerte de Rojas el general Rodolfo Stange, entonces jefe de Carabineros de Chile, hizo entrega a Pinochet de un informe en el que se identificaba a las unidades militares responsables del crimen.
Pinochet dijo a Stange que no se creía esa información y se negó a recibir el informe, de acuerdo con el material desclasificado.
Posteriormente, Stange entregó el informe al general Santiago Sinclair, entonces vicecomandante en jefe del Ejército, quien supervisó «intensos esfuerzos para silenciar a testigos y enterrar las pruebas», según los documentos estadounidenses.
En otro texto, de la Agencia de Defensa de Inteligencia, se afirma que un testigo «fue secuestrado brevemente» y «amenazado» para que cambiara su testimonio, mientras que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) sostiene en una nota que funcionarios del régimen «intimidaron» a jueces y abogados para detener los esfuerzos de llevar ante los tribunales a los responsables del ataque.
Sinclair, de 87 años, ocupó el segundo cargo en el Ejército tras Pinochet hasta 1989 y perteneció en ese período a la Junta Militar, integrada por los jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y que detentaba el Poder Legislativo, luego Sinclair fue designado senador en representación del Ejército, hasta 1997.
El juez Mario Carroza reabrió hace dos semanas la investigación del caso después de la confesión de un exrecluta que formó parte de la patrulla que quemó a los jóvenes y desde entonces, doce militares retirados han sido detenidos y procesados por su participación en los hechos.
Rojas y Quintana fueron detenidos por una patrulla militar, quienes los rociaron con gasolina y quemaron vivos para luego llevarlos a las afueras de la ciudad, donde fueron arrojados a una zanja junto a un camino rural del que lograron salir unas horas más tarde y pedir ayuda, aunque Rojas falleció 96 horas después.
La reapertura judicial del Caso Quemados ha reavivado en Chile el debate sobre el secreto de 50 años que pesa sobre el Informe Valech, dado a conocer en 2004 durante el Gobierno de Ricardo Lagos y que recoge 33.000 casos de personas torturadas o encarceladas por razones políticas durante la dictadura.