Por Carolina CAYAZZO

Hace rato que Chile no es ajeno al flagelo de la corrupción. La nefasta connivencia entre el poder político y algunos empresarios, –sobretodo, para el financiamiento de las campañas- es casi moneda corriente.
El senador desaforado de Centro Derecha Jaime Orpis ingresó la semana pasada en la cárcel Capitán Yáber donde cumple prisión preventiva decretada por la Corte de Apelaciones. Orpis permanecerá detenido entre tres semanas y seis meses (depende de cómo se porte).
El ex parlamentario es investigado por delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. La Fiscalía le acusó de recibir unos 400.000 dólares de Corpesca, la empresa pesquera más grande de Chile, entre 2009 y 2013, infringiendo los deberes propios de funcionario público.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet

El presunto delito, que ya es un hecho, se produjo justo cuando en el Congreso se discutía la Ley de Pesca. Asimismo, el Ministerio Público aseguró que el ex senador emitió 77 boletas apócrifas -para que la empresa pudiera rebajar impuestos- y que, además, defraudó al Estado más de 220.000 dólares, que ya restituyó al Congreso.
El tribunal de alzada modificó el régimen de arresto domiciliario total que cumplía Orpis por una medida cautelar más gravosa al considerarlo un peligro para la sociedad. El ex senador comparte el recinto carcelario con otros internos acusados de corrupción.

Entre lágrimas, la esposa de Orpis, Ana Luisa Jouanne, defendió a su marido diciendo: “Nunca ha votado en contra de su conciencia, nadie lo ha comprado y él jamás tampoco ha permitido vender su libertad.”
El desaforado legislador, es el primero en ejercicio en ser encarcelado desde que entrara en vigencia la Reforma Procesal Penal.
Mientras no existan reglas claras sobre el financiamiento de la política, la corrupción seguirá erosionando el tejido social y los pueblos seguirán perdiendo la confianza en sus representantes, bienes preciados de la democracia.