lunes, 7 de septiembre de 2015
Líderes camioneros se reúnen con Gobierno chileno para hablar de delincuencia

Santiago de Chile, 7 sep (EFE).- Los dirigentes de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC) se reunieron hoy con el ministro chileno del Interior para conversar sobre el petitorio de medidas para luchar contra la delincuencia que entregaron a fines de agosto tras una polémica caravana de camiones.
Los líderes del gremio de los camioneros fueron recibidos en la sede de Gobierno por el titular de Interior, Jorge Burgos, en la primera reunión que sostienen después de la marcha protagonizada por transportistas de la región de La Araucanía que concluyó el 27 de agosto en Santiago con incidentes y carreteras bloqueadas.
Los camioneros protestaban contra la delincuencia y en especial por la situación en la sureña región de La Araucanía, donde denuncian ser víctimas de ataques por parte de encapuchados que a menudo acaban con sus vehículos calcinados.
El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, valoró el encuentro con Burgos y aseguró que el ministro se comprometió a citarlos a una segunda reunión antes del 15 de octubre para tratar asuntos más concretos del petitorio que le entregaron el 27 de agosto para endurecer la lucha contra la delincuencia en el país.
«La agenda está en resolver el problema de le delincuencia, del terrorismo y los malhechores que tienen complicada a toda la nación y también vamos a trabajar en cómo vamos a mejorar nuestra industria del transporte de carga», dijo a los periodistas.
José Villagrán, líder de la Federación de Camioneros del Sur y segundo al mando de la CNTC, afirmó que salió del encuentro con el ministro «con gusto a poco» y consideró que la situación en La Araucanía necesita una solución urgente.
«Aquí hay que hacer cirugías mayores y hay que hacerlas pronto», apuntó el dirigente.
Los asaltos e incendios de camiones en La Araucanía, que de preferencia han afectado a vehículos del sector forestal, han sido vinculados al conflicto mapuche, que desde hace varios años enfrenta a comunidades indígenas que reclaman tierras que consideran ancestrales y que están en manos de empresas agrícolas o forestales.