martes, 8 de septiembre de 2015
Ministra del Trabajo chilena afirma que la impunidad no se puede permitir

Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- La ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, afirmó hoy en un acto homenaje a los funcionarios públicos detenidos desaparecidos «que la impunidad no se puede permitir como hombres y mujeres que creemos en la democracia».
En una ceremonia organizada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Rincón señaló que «en estos días recordamos con dolor las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país».
La ministra del Trabajo hacía alusión a la proximidad del 11 de septiembre (1973), fecha del golpe militar que encabezó el general Augusto Pinochet que significó la muerte de miles de personas y miles de detenidos y desaparecidos y unos 33.000 torturados en 17 años de dictadura.
Rincón dijo, además, que «no debemos olvidar los compromisos que tenemos como país en materia de derechos humanos».
Ante cerca de medio centenar de asistentes que llegaron al edificio Tucapel Jiménez, la ministra, junto al presidente de la ANEF, Raúl de la Puente y representantes de familiares de las víctimas de la dictadura, señaló que se debe avanzar aún más en esta materia, ya que aún hay familiares que buscan a sus seres queridos.
El año pasado la ANEF inauguró en la entrada de su sede un memorial en recuerdo de las 380 trabajadores públicos víctimas de la dictadura militar.
El pasado 25 de febrero fue recordado el líder sindical chileno y quien fuera presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, cuyo asesinato a manos de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet ocurrió hace 23 años. Al acto asistieron miembros del Gobierno y representantes de organizaciones sindicales.
Jiménez fue secuestrado, degollado y rematado a balazos por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército, uno de los aparatos represores del régimen militar (1973-1990), el 25 de febrero de 1982 en un camino rural cercano al aeropuerto internacional de Santiago.
Para encubrir el asesinato, la Central Nacional de Inteligencia (CNI) secuestró a un carpintero sin vinculaciones políticas y lo obligó a escribir una carta en la que se hacía responsable del crimen del sindicalista. Después lo mataron e hicieron pasar el crimen como un suicidio.
El juez Sergio Muñoz condenó en 2004 a siete funcionarios de órganos represores de la dictadura por la muerte de Jiménez y el carpintero.