Santiago de Chile, 17 ago (EFE).- El excapitán del ejército, Pedro Fernández Dittus, que estuvo al mando de la patrulla que quemó vivos a dos jóvenes chilenos en 1986 presentó hoy un recurso de amparo (hábeas corpus) para anular su nuevo procesamiento, como autor del delito de homicidio, informaron fuentes judiciales.
El exmilitar alegó que ya cumplió una condena anterior por cuasidelito de homicidio (no intencional) en una indagatoria de la justicia militar.
Su abogado defensor, Enrique Ibarra, adujo, en declaraciones a medios locales, que no es posible condenar dos veces a una personas por los mismos hechos, motivo por el cual, a su parecer, el procesamiento que hace dos semanas hizo el ministro Mario Carroza «debería ser anulado».
En tanto, el abogado Héctor Salazar, que representa a Carmen Gloria Quintana, superviviente del caso, argumentó que hubo «una cosa juzgada fraudulenta», que quedó en evidencia con los nuevos antecedentes que dieron pie a la reapertura de la causa.
«Nadie se puede aprovechar de su propio dolo. Fernández Dittus no se puede aprovechar de cómo logró obtener fraudulentamente una sentencia muy benigna para él y escudarse en ese instrumento para hoy evadir nuevamente la justicia», recalcó el abogado querellante.
Los jóvenes, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, fueron detenidos en 1986 por una patrulla militar, quienes los rociaron con gasolina y quemaron vivos para luego llevarlos a las afueras de la ciudad, donde fueron arrojados a una zanja junto a un camino rural del que lograron salir unas horas más tarde y pedir ayuda, aunque Rojas falleció 96 horas después.
El «Caso Quemados» volvió a ponerse en la agenda, luego que el juez chileno Mario Carroza, procesara a 12 exmiliatares, que ya se encuentran en prisión preventiva en un recinto militar.
El testimonio del exrecluta Fernando Guzmán permitió romper, después de 29 años, un pacto de silencio y reabrir judicialmente el caso de los jóvenes quemados durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Los doce exmilitares fueron detenidos y procesados por su responsabilidad en el crimen, mientras sectores políticos y organizaciones de víctimas comenzaron a abogar por el fin de los pactos de silencio que por décadas han mantenido los militares en torno a crímenes de la dictadura.