(Corrige título. Bien: D.Humanos)
Santiago de Chile, 10 sep (EFE).- Distintas organizaciones de derechos humanos interpusieron hoy en Chile un recurso de protección contra los globos de videovigilancia que desde hace un mes flotan sobre dos barrios acomodados del sector oriente de Santiago, con el objetivo de combatir la delincuencia.
La medida judicial busca que la Corte de Apelaciones de Santiago ordene el fin de este sistema de vigilancia, por vulnerar el derecho a la vida privada de los vecinos, indica un comunicado de prensa publicado hoy por la organización Derechos Digitales.
A mediados de agosto, los barrios santiaguinos de Lo Barnechea y Las Condes comenzaron un agresivo plan de vigilancia masiva por medio de globos aerostáticos equipados con cámaras de alta resolución que graban todo lo que ocurre bajo el radio de captura de los dispositivos.
La medida causó controversia debido al alto poder invasivo del sistema, capaz de identificar a una persona en movimiento a 1,6 kilómetros de distancia.
«Una medida de este tipo implica que todos los individuos de estos municipios serán tratados como sospechosos. Un Estado de derecho democrático no resiste que se utilice la seguridad pública como excusa para la vigilancia masiva», explicó Pablo Violler, analista de políticas públicas de Derechos Digitales.
Branislav Marelic, presidente de Corporación Fundamental, otra de las organizaciones que han interpuesto el recurso, calificó como «preocupante» la tendencia a «intentar militarizar la seguridad ciudadana, incorporando herramientas de zonas de guerra a un asunto que es policial».
Pues, a su parecer, la tecnología empleada es la misma que se utiliza en zonas altamente conflictivas como Afganistán, la Franja de Gaza o la frontera México-Estados Unidos.
Romina Garrido, Presidenta de la Fundación Datos Protegidos, acusó la falta de transparencia de las municipalidades respecto del uso y tratamiento de las imágenes captadas por los globos.
«Como no existen términos contractuales claros entre los municipios y la empresa que presta el servicio, entonces no existen reglas en cuanto al límite de lo registrable», sostuvo.
Garrido denunció además lo invasivo de la vídeovigilancia, que «termina por sacrificar la legítima expectativa de anonimato que los ciudadanos tienen en sus hogares».
Tras interponer el recurso de protección, será la Corte de Apelaciones que tendrá que pronunciarse respecto de la medida, en un proceso que puede extenderse durante más de dos meses.