Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile desechó hoy una acusación constitucional que parlamentarios de oposición presentaron contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, a la que acusaron de incumplimiento en distintas áreas de su cargo, informaron fuentes legislativas.
A Castillo, que fue sometida a una interpelación parlamentaria el pasado 30 de septiembre, fue acusada de mantener graves problemas en la gestión hospitalaria del sector público y dejar sin ejecución leyes relacionadas con garantías explícitas en el área de la salud pública.
De igual forma, se le culpó de la no ejecución de la ley que crea un fondo de medicamentos de alto costo para el tratamiento de algunas enfermedades.
De haber prosperado la acusación, Carmen Castillo no sólo habría perdido el cargo, sino que habría quedado inhabilitada durante cinco años para desempeñar cualquier función pública o cargo de representación popular.
«Lo dije, yo he cumplido con las leyes, con la Constitución, jamás he infringido ninguna de ellas. Por lo tanto hoy día siento que se hace justicia de algo de lo cual se me había imputado», señaló Castillo después que la Cámara de Diputados, por 65 votos a favor y 40 en contra resolvió no seguir adelante con el libelo.
La mayoría acogió favorablemente la llamada «cuestión previa» argumentada por la ministra, en el sentido de que la acusación carecía de base para ser debatida en su fondo.
Una comisión que revisó la acusación antes de ser vista en sesión plenaria también había recomendado dejarla de lado por falta de razones jurídicas.
El abogado que defendió a Castillo, Javier Couso, señaló en tanto que «una acusación no puede fundarse en un mero desacuerdo con la calidad de la gestión de una autoridad, requiere incumplimientos específicos y probados que configuren una causal taxativamente determinada por la Constitución».
Por su parte, el diputado del Partido Comunista, y presidente de la comisión que revisó la acusación, Lautaro Carmona, expresó que «no se puede usar esto como un mecanismo de fiscalización».
«Hay instrumentos para eso, hay interpelaciones, proyectos de acuerdo, oficios etc, que superan obviamente la acusación constitucional», aseveró Carmona.