Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- La Justicia chilena ordenó hoy el arraigo nacional y firma mensual para doce, de los trece imputados, acusados de emitir boletas falsas por servicios no prestados y presuntamente relacionados con la financiación irregular de campañas políticas en el marco del «caso Penta».
En tanto, para el imputado Edgar Pinto, ejecutivo de CB Consultorías y Proyectos, empresa ligada al empresario chileno Manuel Cruzat Infante, se determinó el arresto domiciliario total debido a su participación en declaraciones maliciosamente incompletas o falsas.
Según comentó al término de la audiencia el fiscal Carlos Gajardo, encargado del proceso, la medida judicial se debe a que Pinto es el imputado involucrado en «los mayores montos y la mayor reiteración en los delitos».
«Se le imputaron cargos que provocaron una defraudación fiscal de más de 2 mil millones de pesos (unos 2,8 millones de dólares). Él, junto a otras personas que ya fueron procesadas, es el responsable del total de más de 100 bonos falsos y por lo tanto creemos que merecía tener una medida cautelar más intensa», señaló Gajardo.
La audiencia de formalización (procesamiento), trámite que realiza la fiscalía para comunicar ante un juez la existencia de cargos, es la primera en la que el Ministerio Público formula cargos contra los emisores de las boletas presumiblemente falsas.
Otro de los imputados fue Santiago Valdés, exadministrador electoral de la campaña presidencial de Sebastián Piñera (2010-2014) y exgerente de Bancard, empresa ligada al expresidente que es indagada por aportes irregulares de más de 500 millones de pesos (unos 720.000 dólares).
El «caso Penta», que ha sacado a relucir vínculos entre la política y los negocios, surgió en el marco de una investigación para detectar irregularidades en declaraciones de la renta de empresas del grupo Penta con el fin de obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos más altas de las que les correspondían.
El desarrollo de las pesquisas llevadas a cabo por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público sacó a luz los nexos de Penta con connotados políticos de la derecha chilena, y de diversos colaboradores que facilitaron los delitos tributarios.
De esta forma, quedaron con firma mensual y arraigo nacional como colaboradores del ya procesado senador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira, Isabel Marinovic, su pareja; Rodrigo Molina, su chófer; Andrea Schultz, su secretaria; Eduardo Montalva, exasesor y la secretaria de la UDI Verónica Nieto.
La misma medida también incluyó al gerente de Desarrollo del grupo Penta, Óscar Buzeta, al exvicepresidente del banco, Marcos Comparini, y al asesor Hernán Concha.
También involucra a otro ejecutivo ligado al grupo Cruzat, Antonio Espinoza, la exadministradora electoral del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, Carmen Luz de Castro, y Carolina de la Cerda, cuñada del exsubsecretario de Minería durante el gobierno de Piñera, Pablo Wagner.
De la Cerda fue formalizada por la emisión de boletas, a petición de Wagner, ideológicamente falsas a Penta, a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y a otras empresas por cerca de 120 millones de pesos (unos 173.000 dólares).
Tras la audiencia, el SII confirmó una nueva querella dirigida en contra de 11 personas por delitos de facilitación de documentación tributaria falsa, presentación de declaraciones impositivas falsas e incompletas y por irregularidades vinculadas a contratos simulados de operaciones de forwards (contratos a futuro entre dos partes).
La nueva presentación judicial incluye a Schultz, Nieto, Molina, Montalva, Marinovic, De Castro, Valdés, Comparini, e involucra a los representes legales de SQM, Patricio de Solminihac, Patricio Contesse y Ricardo Ramos.