Santiago de Chile, 11 ago (EFE).- La Corte Suprema de Chile dictó hoy sentencia de entre 5 y 15 años de presidio efectivo en contra de 14 acusados por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, ocurrido en montevideo en abril de 1995.
El profesional huyó a Uruguay el 26 de octubre de 1991 con el nombre falso de Tulio Orellana, para impedir que declarara en el juicio por el asesinato del excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit, en Washington en 1976.
Acompañado por el entonces mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez, asesino confeso del dirigente sindical Tucapel Jiménez el 25 de febrero de 1982, se instaló en la capital uruguaya.
El agente fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa de ese país, atado y con disparos en el cráneo.
De los 14 acusados, quien recibió la pena más alta fue el exmayor del Ejército, Arturo Silva Valdés con 15 años y un día de presidio, como autor del delito de secuestro con homicidio, más 5 años y un día por asociación ilícita y sin beneficios.
Le siguen los exmilitares Eugenio Covarrubias Valenzuela, Hernán Ramírez Rurange, Jaime Torres Gacitúa, Manuel Provis Carrasco, Pablo Rodríguez Márquez y Raúl Lillo Gutiérrez, Eduardo Radaelli Copolla, Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Vargas, Tomás Casella Santos y el general Fernando Torres Silva, exauditor del Ejército, condenados a 10 años de pena efectiva.
En tanto, Manuel Pérez Santillán y Wellington Sarli Pose fueron sentenciados a cinco años de presidio como cómplices de secuestro y otros 60 días por asociación ilícita.
Asimismo, los jueces absolvieron a Enrique Ibarra Chamorro, Mario Cisternas Orellana, Nelson Hernández Franco, Emilio Rojas Gómez y Érika Silva Morales.
Fuentes judiciales dijeron a Efe que se trata de sentencias definitivas, mientras que en el aspecto civil, se acogió el recurso de casación planteado por el Fisco y se rechazó la demanda civil presentada por familiares de la víctima.