Santiago de Chile, 11 ago (EFE).- Una de las sobrevivientes del «Caso Quemados» durante la dictadura militar en Chile, aseguró hoy que la presidenta Michelle Bachelet, cerraría en septiembre próximo el penal Punta Peuco, que aloja a militares condenados por casos de violaciones de derechos humanos.
Carmen Gloria Quintana, quien fue quemada por una patrulla militar en 1986 junto al joven Rodrigo Rojas De Negri, declaró al portal de noticias El Desconcierto, que Bachelet en una conversación con ella le habría revelado que cerraría el polémico penal.
La cárcel de Punta Peuco, situada a unos 35 kilómetros al norte de Santiago, es actualmente el único recinto penal del país que acoge exclusivamente a un centenar de violadores de los derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Yo estuve conversando con la presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre y que también todas las medidas que yo le pedí, ella las va a hacer llegar como proyecto de ley al Congreso», detalló Quintana.
Quintana, de profesión psicóloga y que actualmente reside en Canadá, precisó que «ahora hay un acuerdo bicameral de darle más que suma urgencia, evaluación inmediata, para que sea visto (el eventual articulado) más rápido».
«Espero que los compromisos que ella hace sean efectivos y que realmente la cámara de diputados y senadores estén a la altura de las demandas en las que los pone la historia, porque en estos momentos históricos realmente estamos viendo quiénes están por los Derechos Humanos y comprenden su esencia y valor y quiénes no», apostilló.
Quintana, agregó que «hasta el momento, quienes no han dado ninguna señal de comprensión ha sido el Ejército y las Fuerzas Armadas (en general), que se han mantenido callados, cómplices, y nos dan señales de que ellos siguen protegiendo a los poderosos de este país y no están al servicio del pueblo».
«Al parecer siguen con la doctrina del enemigo interno cuando se supone que ellos deben proteger a toda la ciudadanía contra ataques externos» señaló la profesional, haciendo alusión a los pactos de silencio que mantienen los integrantes de la Fuerzas Armadas chilenas sobre antecedentes de las violaciones de derechos humanos cometidos en dictadura.
Las declaraciones de Quintana se dan a pocos días de la muerte del mayor torturador de la dictadura chilena, Manuel Contreras, quien falleció en el Hospital Militar de Santiago sin haber cumplido su condena de 529 años de prisión por violación de los derechos humanos, precisamente en ese centro penitenciario.
Contreras además murió sin revelar antecedentes sobre el paradero de detenidos desaparecidos.
Rojas y Quintana fueron detenidos en 1986 por una patrulla militar, quienes los rociaron con gasolina y quemaron vivos para luego llevarlos a las afueras de la ciudad, donde fueron arrojados a una zanja junto a un camino rural del que lograron salir unas horas más tarde y pedir ayuda, aunque Rojas falleció 96 horas después.
El «caso quemados» ha vuelto a ponerse en la agenda, luego que un juez chileno, Mario Carroza, procesara a 12 exmilitares, que ya se encuentran en prisión preventiva en un recinto militar.