Bogotá, 20 oct (EFE).- La Fiscalía de Colombia llamó a indagatoria a tres escoltas del asesinado líder del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) José Antequera, dentro de las investigaciones por ese crimen ocurrido en marzo de 1989, informaron hoy fuentes oficiales.
La decisión fue tomada luego de un estudio en el que se determinó que existen indicios de que «hubo una persecución política entre carteles de la droga, paramilitarismo y algunos funcionarios del desaparecido DAS (policía secreta), que se aliaron para atacar a este grupo político», dice la Fiscalía en un comunicado.
La Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac), de la Fiscalía, reabrió el proceso que se seguía para establecer este crimen luego de que en octubre de 2014 fuera declarado como delito de lesa humanidad el homicidio de 34 de los directivos y líderes de la UP, que sufrió la persecución y el exterminio de miles de sus integrantes en los años ochenta.
La indagatoria de Carlos Alberto Cortés Bocanegra, Didier Augusto Hernández y Rodolfo Sanjuán, se realizará en noviembre y diciembre y se les investigará por los delitos de homicidio con fines terroristas por la muerte de Antequera.
Igualmente responderán por tentativa de homicidio por el ataque al ahora expresidente Ernesto Samper y concierto para delinquir, agregó la Fiscalía en el informe.
Antequera, que era miembro de la Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica (UP) y ex secretario general de la Juventud Comunista colombiana murió en una clínica tras ser herido por pistoleros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
En el atentado resultó herido el entonces senador liberal y precandidato a la Presidencia colombiana Ernesto Samper, que conversaba en ese momento con Antequera.
La Unión Patriótica fue creada en 1985 a raíz de una negociación de paz celebrada un año antes entre el Gobierno del entonces presidente colombiano Belisario Betancur (1982-1986) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ese partido desapareció a principios de los noventa y regresó a la vida política de Colombia a mediados de 2013, cuando recuperó su registro jurídico.