Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy

Los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) han sido reconocidos, principalmente, por sus importantes logros en términos de seguridad. Sin embargo, uno de los capítulos más vergonzosos y oscuros en la historia reciente de Colombia proviene de esa herencia y tiene que ver con los falsos positivos, esto es, la ejecución extrajudicial de civiles por parte del Ejército, que tuvo lugar en diferentes regiones del país, de forma generalizada y sistemática entre 2002 y 2008.

Cuando el escándalo explotó y acaparó la agenda política e informativa del país, el entonces Presidente Uribe, afirmó que los jóvenes desaparecidos “no fueron a coger café”, sino que habían sido dados de baja en combates. Más adelante, quienes tuvieron que responder y recibir las condenas por esas acciones fueron los soldados, los rangos más bajos de la institución militar. Sólo algunos coroneles se vieron implicados pero ningún general. Es más, algunos oficiales del Ejército se convertirían, posteriormente, en los mandos militares con mayor jerarquía en Colombia.

Es conveniente recordar que una directiva gubernamental propició el ambiente para los falsos positivos. El documento clasificado como secreto, Directiva Ministerial Permanente N°29 -Ministerio de Defensa-, fue expedido el 17 de noviembre de 2005 por el entonces Ministro de Defensa Camilo Ospina, allí se fijaron los criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, por el material de guerra, intendencia o de comunicaciones y por la información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico. Asimismo, el pago de información que sirviera a labores de inteligencia y planificación de operaciones. En julio de 2006, Ospina dejó el ministerio y fue reemplazado por el hoy Presidente Juan Manuel Santos.

Cuando finalizaba 2008, se filtró en los medios la Directiva del Ministerio. Camilo Ospina, que ocupaba la embajada de Colombia ante la OEA, precisó que lo que se buscó fue reglamentar el pago de recompensas de manera transparente, pero que no se estimuló de ninguna forma, ni se autorizó “la muerte fuera de contexto”. No obstante, las cifras de la Fiscalía en ese momento arrojaban que tras la expedición de la Directiva se pasó de tramitar 73 denuncias por falsos positivos en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007, lo peor estaba por venir o por conocerse, para mayo de 2010 se habían denunciado más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales acaecidas entre 2002 y 2009.

Jose Miguel Vivanco durante la presentación del informe de HRW. Foto Leonardo Muñoz (Efe)

El informe de Human Rights Watch- HRW-, publicado hace unos días, “El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles” hace referencia a cómo los altos mandos militares estarían vinculados en esos eventos de ejecuciones extrajudiciales. Algunos de los 16 generales mencionados son: el General (r) Mario Montoya que fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008; el General (r) Óscar González Peña que fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010; el General Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual comandante general de las Fuerzas Militares, es el oficial militar de mayor rango en el país, mientras que otro de los implicados, el General Jaime Lasprilla Villamizar es actualmente el comandante del Ejército Nacional.

El informe consideró datos inéditos de la Fiscalía, expedientes penales, grabaciones de militares implicados, entrevistas con fiscales, con testigos y familiares de las víctimas, sus abogados y otras fuentes. La Fiscalía investiga al menos 3 mil de estos casos en los que tropas del Ejército se vieron presionadas para mostrar resultados e incrementar el número de bajas de la guerrilla, asesinando a civiles y presentándolos como muertos en combate.

HRW analizó los datos de la Fiscalía que ha identificado más de 180 batallones así como otras unidades tácticas del Ejército que presuntamente cometieron las ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Los comandantes de las brigadas y de las unidades tácticas serían los responsables de una gran cantidad de ejecuciones, los máximos mandos del Ejército habrían tenido conocimiento de los hechos, por lo que se demanda la acción de la justicia para determinar y sancionar su responsabilidad en esos delitos. Los testimonios de los militares implicados dan cuenta de que sus superiores, generales y coroneles, no solo conocían, sino que planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión de los crímenes.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, observó: “Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces (…) No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”.

Respecto a las dificultades que enfrentan los fiscales, Vivanco señaló tanto las represalias contra los testigos como la falta de cooperación por parte de las autoridades militares para remitir la documentación que dé cuenta de su accionar, pero además, muchos casos de falsos positivos, continúan en la Justicia Penal Militar, lo que impide la rendición de cuentas y en cambio, garantizaría la impunidad, ya que no solo no se adoptaron medidas para investigar los falsos positivos, sino que algunos jueces militares participaron en el encubrimiento de los delitos de las tropas. El hostigamiento, las amenazas, la intimidación, las represalias, la estigmatización y el asesinato de soldados que han declarado contra sus superiores han estado a la orden del día. También se ha presentado deficiencia en la Fiscalía debido al volumen de los expedientes, lo que dificulta avanzar en las investigaciones para el juzgamiento de los responsables de alto rango.

HRW recomendó al gobierno colombiano que debería ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones.  Asimismo, asignar suficientes fiscales a los casos, proteger a los testigos y a sus familias; asegurar que “las medidas de justicia transicional que se incluyan en un futuro acuerdo de paz no impidan la posibilidad de que se haga justicia en los casos de falsos positivos”.

Lo anterior, teniendo en consideración que en 2012 se promulgó el Marco Jurídico para la Paz, “una reforma constitucional que posibilita la impunidad de atrocidades cometidas por guerrillas, paramilitares y militares en caso de que se alcance un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. Ese instrumento permite que sean juzgados quienes se identifiquen como “máximos responsables” de las atrocidades cometidas, ofreciendo inmunidad legal a los demás implicados y en caso de que los crímenes de guerra no se hubieren cometido de manera sistemática, es posible eximirlos de la investigación penal y también aplicar “penas alternativas” a todos los condenados.

Respecto al papel de la Corte Penal Internacional (CPI), HRW explica que desde allí se hace un seguimiento de los procedimientos vinculados a los casos de falsos positivos y que podría iniciar una investigación en caso de que las autoridades nacionales no muestren la disposición para investigar o juzgar a los responsables, también puede actuar en caso de que realmente las autoridades nacionales no pudieran hacerlo. En ese sentido, exhorta a la Fiscalía de la CPI a mantener su riguroso seguimiento. Una sugerencia muy relevante que se hizo al gobierno de los Estados Unidos tiene que ver con supeditar la asistencia militar al cumplimiento de los requisitos de derechos humanos, incluyendo la exigencia de que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria”, y que los militares deban cooperar con los fiscales. HRW fue más allá al afirmar que ante la evidencia de que los requisitos no se están cumpliendo, “Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar” y que la recepción de ésta, dependa en estricto sentido, del cumplimiento efectivo de Colombia con esos compromisos.

HRW refleja con claridad lo que tratan de obviar algunas autoridades e instancias en Colombia y es que se debe asegurar que las medidas de justicia transicional que lleguen a adoptarse en un futuro acuerdo de paz no deben privar a los familiares de las víctimas de los falsos positivos de que se haga justicia. “Si Colombia no lleva ante la justicia a los máximos responsables, la Corte Penal Internacional debería abrir una investigación formal”, afirmó Vivanco.

El presidente de Colombia, en apuros, por el informe de HRW

El informe de HRW es sumamente pertinente, todo esfuerzo que a partir del rigor permita conocer y llegar a la verdad de lo ocurrido tiene gran valor. ¿Está el país preparado para conocer la verdad? Ese es otro tema. Las próximas semanas permitirán apreciar a los diferentes bandos tratando de sacar réditos políticos de la situación, para algunos sectores que tienden al oportunismo el informe resultará muy oportuno, aun cuando en otras ocasiones han desconocido las denuncias de HRW sobre la violación de derechos humanos por parte de actores ilegales en Colombia, sus alertas sobre la impunidad que se está gestando en el proceso de negociación con las FARC o los informes que dan cuenta del estado deplorable en materia de libertades y derechos en países como Venezuela o Ecuador. También habrá quienes al sentirse aludidos pretenderán expiar sus culpas acudiendo a teorías conspirativas y mencionando la persecución política y estigmatización de que son víctimas.

Las dudas quedan y hay hechos muy difíciles de asimilar pero pensar que no tuvieron lugar, es poco conducente. Miles de madres siguen llorando a sus hijos y reclamando justicia. Los altos mandos militares tenían conocimiento de lo que ocurría en sus filas, autorizaron, ordenaron, planearon o encubrieron ejecuciones extrajudiciales, presionaron a los comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate, sancionando a quienes no daban resultados, motivando, en últimas, los falsos positivos. ¿Es posible y es creíble que el Ministro de Defensa y el Comandante en jefe de las Fuerzas Militares, es decir, el Presidente de la República no tuvieran conocimiento pleno y previo de tales acciones?