Héctor Ricardo Leis (Argentina, 1943 – Brasil, 2014)

 

Bogotá. Por Clara RIVEROS

“En esa época nadie pensaba que una organización revolucionaria, aun cuando pusiera bombas y matara personas inocentes, pudiera ser terrorista. Igual que mis compañeros, yo era un terrorista de alma bella. La verdad es difícil de aceptar no sólo para aquellos que fueron guerrilleros, sino para la mayoría de argentinos (…) nuestra motivación era noble. Conservo todavía un recuerdo feliz de mi vida en aquellos años. Fueron sombríos pero también llenos de desprendimiento, alegría y amor. Sé que nuestra intención no era hacer el mal por el mal en sí mismo, pero la astucia de la razón, irónica y perversa, pudo convertir hombres buenos en malos, sin darnos tiempo para tomar conciencia. El retorno de este camino sería extremadamente difícil para la mayoría, casi imposible”.

En el ensayo Testamento de los años 70, Ricardo Leis confiesa que contribuyó al sufrimiento argentino “con acciones y pensamientos luminosamente ciegos”. Pide perdón a las víctimas de los hechos donde su participación fue directa y despoja de todo romanticismo a la lucha armada y a la guerrilla urbana Montoneros a la cual perteneció. Leis se refiere al accionar ilegítimo de los movimientos subversivos bajo un gobierno democrático, ahonda en los hechos y los actores de esa década convulsionada, aborda la relación entre terrorismo, guerrilla y revolución y contempla el conflicto generacional y los –complejos- liderazgos de esos años.

Leis finaliza con una profunda reflexión sobre el resentimiento, la reconciliación, la verdad, la confesión y el perdón, aproximando lo que ocurre cuando las sociedades no se atreven a ajustar cuentas con el pasado y, en cambio, falsifican y manipulan la historia e instrumentalizan la memoria. Es un documento útil para repensar la Argentina actual y su transición inacabada pero, también, es un testimonio relevante para Colombia, una invitación a llamar las cosas por su nombre, a reconocer las verdades por muy dolorosas e incómodas que sean. Asimismo, ayudan a considerar los retos del post conflicto y lo que puede pasar o, mejor aún, lo que no debe pasar.

Encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero de las FARC, Timoleón Jiménez, en Cuba

La negociación entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos supera los tres años. El próximo 23 de marzo tendría que firmarse el acuerdo entre las partes, la fecha se fijó en septiembre a raíz del encuentro entre el presidente Santos y el jefe guerrillero, Timoleón Jiménez. La semana que acaba de pasar, el gobierno y la guerrilla admitieron que para esa fecha no habrá acuerdo. “Por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo”, observó el presidente. Las FARC quieren decir a fin de año: “la guerra terminó”. Sin embargo, el deseo no disipa la incertidumbre.

Hay quienes cuestionan la falta de celeridad en la negociación por la intransigencia de las FARC, razón por la que siempre se dudó de que llegaran a rubricar el acuerdo en la fecha establecida. Pocos se fiaron del ultimátum presidencial y la noticia no sorprende. La cuestión de fondo es que al dilatar el proceso aumenta la desconfianza. El tiempo de la prórroga debería aprovecharse para rediseñar las estrategias comunicacionales del gobierno que no logra conectar a la sociedad con la idea de la paz. Habrá que esperar al 23 de marzo para conocer los anuncios relevantes.

De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará Cuba, se esperaría que reitere su respaldo al proceso, hecho que no solo caería bien a las partes sino que ayudaría a apaciguar los ánimos de los más incrédulos.

Como ocurre desde hace meses, la negociación despierta mayor expectativa en el escenario internacional que en el ámbito interno. Los colombianos están más preocupados por la realidad inmediata: una coyuntura económica desfavorable, la caída en los precios del petróleo que ha golpeado severamente al país, la inflación, la devaluación del peso, el aumento del desempleo (12%), las expectativas de crecimiento por debajo de 3%, la corrupción en las instituciones y sus consecuentes escándalos. Todo esto ha aumentado el malestar de una sociedad fracturada y dividida.

Al presidente es al que peor le va –según sondeo de Gallup- apenas un 24% aprueba su gestión, mientras que un 69% la desaprueba, este es el peor registro del mandatario desde agosto de 2013 cuando llegó a tener 71% de desaprobación. Respecto a la paz, el 57% considera que la negociación va por mal camino mientras que un 37% la respalda. La medición revela un aumento de cinco puntos en la desaprobación a la negociación respecto a diciembre cuando fue de 52%.

Santos admite el costo político y personal de su apuesta por la paz y afirma que al finalizar su mandato no continuará haciendo política. Está claro que el acuerdo no es la paz. Hay interrogantes, dudas y desafíos, tareas ingentes para el gobierno y las instituciones, para las FARC y, por supuesto, para la sociedad. Santos cree que “la paz se va a lograr con o sin Uribe”, pero prefiere “1.000 veces que sea con él”. El mandatario hace bien, de lo contrario, ¿Cuánto tiempo duraría una paz sin Uribe y sin una parte muy considerable de la sociedad?

¿La justicia colombiana estará a la altura de las circunstancias? Santos admite que no hay acuerdo de paz perfecto pero que se ha llegado a un punto de equilibrio “aceptable para todos”. Organizaciones como Human Rights Watch contradicen esa lectura. HRW alertó que los responsables de atrocidades –agentes del Estado y guerrilleros- podrán librarse de recibir un castigo legítimo por los crímenes que cometieron y esto –sostienen- impedirá alcanzar una paz duradera.

Otro hecho que genera inquietud es la politización de la justicia, se percibe la intención de nivelar a las FARC y al uribismo –como explicó Gustavo Duncan en días pasados- forzando a esa colectividad a admitir un mayor involucramiento en el conflicto. Disentir del proceder de la Fiscalía no significa avalar la probidad del uribismo, pero se debe insistir: “no es cierto que sobre los miembros del uribismo actual caiga una responsabilidad equivalente a la de las Farc”.

La izquierda debe contar con todas las garantías de que los hechos del pasado no se repetirán. Sus temores son válidos. “Desde hace quince días, han matado cinco líderes de‪ ‎izquierda y amenazado a otros tres”. Los antecedentes no se pueden desconocer. Por su parte, la izquierda que –desde la legalidad y la ilegalidad- ha denunciado con firmeza los crímenes del paramilitarismo y de agentes del Estado tendrá que hacerlo de manera introspectiva. La guerrilla ha causado miles de víctimas en más de 50 años y, en esos hechos, no hubo nada heroico.

Mural alusivo al sexto frente de la guerrilla de las FARC en el municipio de Toribio, Departamento del Cauca (Colombia)

Continuar aplicando un doble rasero -hay crímenes abominables y otros que se justifican por nobles ideales- no parece conducente para la reconciliación nacional y la paz social. ¿Reconocerán que la lucha armada y su prolongación en el tiempo ha sido un error altamente costoso para Colombia? ¿Admitirán la inviabilidad de ese proyecto revolucionario que de haber triunfado nunca llevaría a una democracia? ¿Insistirán en la mitificación de los líderes guerrilleros aun cuando esto les distancie más de la sociedad? ¿Renunciarán definitivamente a la violencia y entenderán que el proselitismo político armado es contradictorio con las formas democráticas? ¿Aceptarán y respetarán la democracia y sus reglas de juego?

Colombia se mira demasiado a sí misma y debería permitirse conocer otras realidades. Poco se habla de los procesos de transición que han tenido lugar en diferentes países, de sus avances, complejidades, éxitos y retrocesos. Hacerlo ayudaría a entender –o a resignar – que habrá que ceder en impunidad y sacrificar justicia pero definitivamente no se puede hacer concesiones en la verdad. De la verdad dependen el perdón, la reconciliación y el futuro. Nada menos.