Bogota. Por Cynthia DE BENITO

 El histórico acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC para buscar a las decenas de miles de desaparecidos del país ha reavivado el debate y sobre todo la incertidumbre sobre cuántos ausentes hay en Colombia, que según la fuente consultada oscilan entre 22.000 y 80.000 personas.
Como era previsible que ocurriera, la divulgación del acuerdo ha llevado a la primera línea un debate que durante años ha permanecido en el olvido, como han denunciado incansablemente los familiares de los desaparecidos.
A su sonoro regreso ha contribuido que también en esta semana, por primera vez en 30 años, se haya identificado a tres de los once desaparecidos tras la retoma militar del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, un día después de que lo ocupara la guerrilla del M-19.
Pero a medida que transcurren los días y los debates se multiplican, se va acrecentando una duda básica: ¿Cuántos desaparecidos hay en Colombia?

La respuesta, a falta de un registro único, varía en función de la entidad que suministre la cifra y la fuente de la que se nutre.
Así, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que debe identificarlos, calcula que son cerca de 55.000 las personas desaparecidas, de las cuales unas 22.000 podrían ser generadas por el conflicto armado que vive el país desde hace más de 50 años.
«Pero es un estimado», avisa el director del Instituto, Carlos Valdés.
Mientras, la estatal Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuenta, con base a denuncias de familiares, unos 45.646 desaparecidos en el marco del conflicto armado, cifra que podría quedarse corta, indicó esta semana el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ayudará en la búsqueda.
«Hay muchas familias que no han reportado ante ninguna organización humanitaria o del Estado que el ser querido estaba desaparecido» dijo el jefe de la delegación de este organismo en Colombia, Christoph Harnisch, que apuntó que el subregistro puede ser mayor.
Con él coinciden organizaciones de familiares de víctimas consultadas, que llegan a cifrar en 80.000 los desaparecidos, según sus estimaciones.
«Estimado», «por verificar», «preliminar», son fórmulas fundamentales desde el pasado sábado porque quienes las pronuncian saben que sin una cifra precisa el terreno es resbaladizo y resulta imposible aventurar otros cálculos, como la inversión necesaria para llevar el acuerdo a término o el personal que se requerirá.
Por si faltaban elementos confusos, la identificación de tres desaparecidos en la retoma militar a sangre y fuego del Palacio de Justicia, que dejó además un centenar de muertos, ha supuesto todo un terremoto en Colombia.
Y es que dos de las tres identificadas, Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela, fueron halladas en fosas de cementerios bogotanos identificadas con nombres de otras víctimas del suceso, lo que significa que ahora hay dos desaparecidos más: las personas cuyo nombre aparece en la lápida.
La rocambolesca situación ha disparado las dudas entre los familiares del centenar de muertos en el Palacio, que ahora se preguntan, en entrevistas que recoge la prensa local, si llevan tres décadas llevando flores a la tumba correcta.

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A esto se unen los fallos en las inhumaciones de los cadáveres imposibles de identificar durante las últimas décadas, otro escándalo que las instituciones abordan desde 2011 con el «Plan Cementerio», estrategia en la que colaboran, entre otros, la Registraduría, que guarda las huellas dactilares de todos los colombianos, y el Instituto de Medicina Legal.
La iniciativa surge, explica Valdés, cuando constataron con estupor que en los cementerios de Colombia los cuerpos que se enterraron sin ser identificados «fueron objeto de movilizaciones» y «en muchos casos mezclados» ante el descuido de las autoridades locales y la curia, que se reparten el control de los camposantos.
Ante esta situación, los registros en los que figuraba dónde estaban enterrados los cadáveres perdieron todo su valor, y los restos sufrieron una segunda desaparición.
Desde 2011, el «Plan Cementerio» busca a estas personas, algunas fallecidas hasta hace 30 años, para intentar de nuevo identificarlas y devolverlas a sus familias, que no saben si sus seres queridos están en una fosa o en un cementerio, quizá en la otra punta del país.(Efe)