Al ex presidente Alvaro Uribe los escándalos le salpican demasiado

Bogotá. Por Cynthia DE BENITO/Efe/SAH

Ministros y colaboradores del círculo más estrecho del ex presidente Alvaro Uribe, rinden cuentas ante la justicia. Las sentencias condenatorias se suceden: corrupción cohecho, espionaje… Los delitos son variados y la suma de estos parecería tender un cerco en torno a Uribe, hasta ahora con mejor suerte que los suyos.

El último escándalo de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores y magistrados que enturbió parte de la Presidencia de Uribe (2002-2010) cerró un ciclo con la condena a 14 años de prisión para María del Pilar Hurtado, jefa de inteligencia de su Gobierno en aquellos años.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia se esperaba con expectación en Colombia, adonde Hurtado llegó el 31 de enero tras entregarse en Panamá, país en el que permaneció casi tres años huida de la Justicia y donde, tras diversos contactos diplomáticos entre ambos países, perdió el asilo que le fue otorgado en 2010.
Su rendición ante las autoridades llegó pocos días después de que la Interpol le emitiera una circular roja, lo que se vio como el paso definitivo para zanjar este caso que ha vivido numerosas idas y venidas entre distintas autoridades judiciales.
La conclusión: 14 años de cárcel y una multa de 20 millones de pesos (unos 8.354 dólares) para Hurtado, que durante parte del segundo mandato de Uribe (2006-2010) dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), desde donde se hicieron las escuchas ilegales.
Junto con Hurtado fue sentenciado Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia de la República en la misma época.
Moreno pagará alrededor de 4,2 millones de pesos (unos 1.754 dólares) y cumplirá ocho años de prisión bajo arresto domiciliario como recompensa por asistir a todas las audiencias, un privilegio vedado para Hurtado por permanecer en Panamá.
Sus sentencias ponen fin a un ciclo del escándalo de las escuchas ilegales, que consistió en espiar conversaciones privadas y hacer seguimiento a, entre otros, la exsenadora Piedad Córdoba, el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell, ahora vicepresidente de la cadena Univisión.
Córdoba llegó a demandar al Estado colombiano por estos hechos y a exigir una indemnización de 3,25 millones de dólares.

Entonces ,el presidente era Uribe y su ministro Santos

Todas las escuchas se realizaron entre agosto de 2007 y octubre de 2008, durante el segundo mandato de Uribe, a quien la Corte Suprema ha pedido investigar para determinar si conocía tales acciones delictivas. Difícil creer que sus subordinados actuaran a sus espaldas, los magistrados quieren escuchar de labios del hombre que diezmó a las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias) su versión de unos hechos que empañaron una gestión que gozaba de gran popularidad.
Tal fue la magnitud del escándalo que el actual presidente, Juan Manuel Santos, suprimió el DAS tras llegar a la jefatura de Estado. Pero Uribe, abiertamente enfrentado a su ex ministro y hoy jefe del Estado, lamentó la condena a Hurtado y a Moreno, a quienes calificó de «personas honorables».
«Los condenan por cumplir el deber», aseguró el expresidente y ahora senador del partido Centro Democrático.
Los dos ex funcionarios se suman a la creciente lista de imputados y condenados del Gobierno Uribe por diversos delitos. Entre los nombres más relevantes fgura el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, por una falsa desmovilización masiva de guerrilleros, o el exministro de Agricultura Luis Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por corrupción.
A ellos se añadieron recientemente los ex ministros Sabas Pretelt (Interior) y Diego Palacios (Protección Social) por el delito de cohecho para que la ahora ex congresista Yidis Medina apoyara la reforma constitucional que condujo a la reelección del mandatario en 2006.
Con estos antecedentes, muchos congresistas y senadores consideran que las sentencias últimas estrechan más el cerco alrededor del expresidente, al que piden investigar con detalle.
«Ya con esta cuantificación de la pena, lo importante ahora es que el máximo responsable de todo ese episodio criminal del DAS responda y a mi modo de ver, ese responsable es Álvaro Uribe. Que se le lleve a comparecer ante un tribunal», dijo el senador Iván Cepeda, cuyo enfrentamiento con el ex mandatario se extiende por años.
Por su parte, la excongresista Medina afirmó que «Uribe es el único responsable de la desgracia de todos sus funcionarios».
A las reacciones se unió desde París la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que celebró lo que consideran una sentencia «ejemplarizante».
«Confirma el sistema de espionaje, persecución, hostigamiento y amenazas contra opositores, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, concebido y estructurado desde la más alta esfera del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez», sostuvo la FIDH en un comunicado.